Habitar los sitios de la memoria: ¿dónde se guarda la memoria de un país?

¿Dónde habita la memoria? ¿Cómo puede procesarse socialmente la experiencia límite del terrorismo de Estado desde el presente? ¿Cómo acercarse desde las escuelas a esa experiencia para abordarla en las aulas?

Pensar la memoria del pasado reciente en la Argentina, a 45 años del último golpe de Estado, habilita estas preguntas junto con la experiencia y la apuesta por la recuperación de los espacios donde el terrorismo de Estado desplegó su accionar clandestino a lo largo de todo el territorio nacional. Una apuesta, a la vez, por acercarse a los sitios de memoria para interpelarlos asumiendo el desafío pedagógico de la enseñanza y la transmisión de estos temas en la escuela.

El presente recurso es el resultado de un trabajo articulado entre el Programa Educación y Memoria y la Dirección Nacional de Sitios de Memoria (DNSM) para presentar una selección de fuentes, materiales y propuestas pedagógicas elaboradas por sitios y espacios de memoria de distintos puntos del país. Allí donde la complejidad del tema requiere de distintas puertas de entrada y miradas locales para pensar qué pasó, cómo fue posible en cada una de las comunidades, los materiales aquí reunidos recuperan la propia experiencia de estas instituciones en un diálogo estrecho con las escuelas que las visitan y con otros actores sociales que forman parte de su actividad cotidiana.

Así, la elección de un mapa interactivo para presentar los materiales seleccionados en este primer relevamiento e intercambio con los sitios busca hacer foco en la potencia del abordaje local, acercando las escuelas al trabajo de los espacios de memoria para acompañar la planificación de clases y diseñar propuestas de enseñanza. Allí pueden encontrarse, por ejemplo, las «Historias que no desaparecen» del Faro de la Memoria, de Mar del Plata, el «Tomar parte» [PDF | 1 MB] de la Escuelita de Famaillá, en Tucumán, o las Cartas de Navegación [PDF | 1.87 MB] de La Perla, en Córdoba.

La propia historia de recuperación de los sitios, su gestión y puesta en funcionamiento como espacios de memoria forma parte también de estas tramas compartidas por muchas de las instituciones en su búsqueda por señalizar y dar vida a sus espacios, y se constituye en un recurso clave para pensar los trabajos de memoria en las escuelas. Allí se destacan la participación de los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas, organizaciones sociales, barriales, culturales que han estado vinculadas desde el origen a los propios sitios. Entre otros, resultan significativos los trabajos de la Historia y presente de la Biblioteca Vigil [PDF | 3.56 MB], «La Mansión y el Predio Quinta Seré» [PDF | 1.71 MB] y «Memoria en construcción» del Espacio para la Memoria Comisaría 5ª de La Plata.

Frente a la pregunta por las dificultades de narrar el horror, los modos de representarlo o reflexionar sobre él, los sitios de memoria han encontrado distintas estrategias para trabajar con las y los estudiantes. Apelando a la literatura y a la producción de textos, desde la DNSM se planteó, por ejemplo, una propuesta de escritura de cuentos y relatos propios para recuperar la experiencia subjetiva, transformadora de una visita a estos espacios, cuya producción puede consultarse en La memoria no es un cuento. En otros sitios, complementariamente, la lectura de libros prohibidos, censurados durante la dictadura, habilitó la posibilidad de poner en contexto de época aspectos o temas vinculados al terrorismo de Estado. Un caso particularmente interesante es la reconstrucción del cuento inédito de Rodolfo Walsh «Juan se iba por el río», hecha sobre la base de testimonios orales que forman parte de uno de los juicios por la ESMA.

La promoción de la enseñanza del pasado reciente, en línea con las políticas públicas de memoria que se han recuperado desde el Estado, se inscribe en la firme convicción de aportar a la construcción de una ciudadanía democrática desde las escuelas, tal como señala el artículo 3 de la Ley de Educación Nacional donde 

«la educación es una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación».

La selección de materiales aquí presentados no abarca la totalidad de los sitios del país ni agota todas las producciones por ellos elaboradas. Este mapa de recursos pedagógicos se propone como un primer acercamiento que, esperamos, pueda crecer federalmente para enriquecer tanto el trabajo de las escuelas como de los espacios de memoria. Este material busca, entonces, promover un diálogo significativo con las y los docentes y estudiantes, que pueda convocar el pasado desde un presente que las y los interpele con sus propias preocupaciones, atravesadas por nuevos temas y preguntas que permitan debatir y posicionarse críticamente frente a su historia y su realidad actual.
 
A continuación, junto con la invitación a navegar e indagar en los contenidos del mapa, presentamos también una breve caracterización de los sitios de memoria a partir de la descripción de su marco normativo. Una serie de preguntas orientadoras buscan dar cuenta de su organización en red, la importancia de la señalización de los espacios de memoria y el destacado rol de las organizaciones sociales y de derechos humanos que se encuentran estrechamente relacionadas con los sitios desde su origen, recuperación y vínculo con las comunidades en las que se encuentran insertos.

Este mapa se encuentra organizado por «capas temáticas» (a las que se accede desde el menú superior del mapa o desde su vista ampliada) a fin de presentar distintos recursos y propuestas pedagógicas para abordar diferentes ejes del pasado reciente que pueden ser trabajados en las aulas. De este modo, complementariamente a la «Ubicación y datos institucionales de los sitios y espacios de memoria», el mapa presenta «Propuestas para trabajar el 24 de Marzo», «Procesos de recuperación y construcción de los sitios y espacios de memoria», «Trabajo con testimonios» y «Trabajo con cuentos, relatos y producción de textos». 

Los sitios y espacios de memoria del terrorismo de Estado: una política de memoria

¿Qué fueron los centros clandestinos de detención?

Se trataba de instalaciones secretas e ilegales a donde eran llevados los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Los centros clandestinos de detención (CCD) fueron instalados en dependencias militares y policiales, como así también en escuelas, tribunales, fábricas, dependencias provinciales y municipales.

Las víctimas, en su mayoría militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales, eran secuestradas en plena vía pública, en sus casas o lugares de trabajo y, sin pasar por alguna instancia judicial, eran ingresadas al CCD. Una vez en el centro clandestino, eran sometidas a torturas y condiciones extremas de detención: aislamiento, malos tratos, escasa alimentación, poca agua, mínima higiene, entre otras. En estos lugares funcionaron también maternidades clandestinas donde las detenidas-desaparecidas embrazadas eran obligadas a dar luz y luego sus hijos fueron apropiados por miembros de las fuerzas o allegados.

Durante los años del terrorismo de Estado, el eje de la actividad represiva dejó de centrarse en la detención y el encierro en las cárceles ―aunque seguía existiendo― para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de personas en los distintos centros clandestinos.

A la fecha se conoce que funcionaron más de 800 centros clandestinos de detención a lo largo de todo el territorio nacional.

¿Qué son los sitios de memoria?

La Ley Nº 26.691, promulgada en julio de 2011, declara sitios de memoria a aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde ocurrieron hechos vinculados a la represión ilegal, como los lugares donde se simularon enfrentamientos y se asesinaron detenidos-desaparecidos; cementerios o dependencias dedicadas a la planificación de la represión ilegal, entre otros.

Esta ley se enfoca en los sitios que funcionaron durante el terrorismo de Estado, pero también habilita a nombrar como tales a lugares relacionados con otros momentos de represión estatal de la historia argentina hasta el 10 de diciembre de 1983.

¿Cómo se hacen visibles los sitios de memoria?

Los sitios de memoria permiten visualizar cómo el horror se alojó en lugares con los que convivimos a diario. Durante años, los centros clandestinos formaron parte del paisaje cotidiano, de la rutina de miles de personas que pasaban por la puerta y hasta podían desconocer lo que allí había sucedido. El horror estaba, pero no se nombraba. Señalizar estos sitios vuelve visible lo que estaba oculto.

Las señalizaciones consisten en la instalación de placas, carteles o monumentos altamente visibles en el acceso a los lugares utilizados para la represión ilegal. Estas marcas ―que tienen una identidad gráfica y visual que se mantiene en todo el país― interpelan a los habitantes en su propio territorio y al personal que se desempeña en aquellos espacios con el objetivo de promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado y el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos. Además, constituyen un explícito reconocimiento a las víctimas y a sus familiares.

¿Dónde se guarda la memoria de un país? ¿Qué son los espacios de memoria?

La mayoría de los lugares de detención ilegal que operaron durante el terrorismo de Estado continúan perteneciendo a las fuerzas armadas y de seguridad, pero algunos de estos sitios fueron reconvertidos en «espacios de memoria». Estos son lugares de homenaje y reparación para las víctimas que funcionan como centros de investigación, museos, archivos, espacios culturales y educativos. Son experiencias pedagógicas que promueven el conocimiento, la reflexión y el debate sobre el pasado reciente, sus vínculos con el presente y la promoción, defensa y ampliación de derechos.

Cada espacio de memoria constituye una experiencia única; no obstante, en la mayoría se realizan tareas de investigación y entrevistas, se elaboran archivos vinculados a la historia de esos espacios, se conserva material audiovisual y se exponen muestras fotográficas y de objetos que permiten narrar las historias de vida de los detenidos-desaparecidos.

Son destinatarios y participantes activos de estas políticas los organismos de derechos humanos locales, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, ex presos políticos, familiares de los detenidos-desaparecidos y asesinados, organizaciones políticas y sociales y vecinos de los lugares donde sucedieron los hechos. Resultan destinatarios centrales los y las estudiantes y docentes de las escuelas que los visitan y realizan actividades en y con los espacios de memoria, en articulación con los ministerios de Educación nacionales y provinciales e instituciones educativas locales.

La señalización de estos sitios es una de las responsabilidades que el Estado ha asumido e impulsado firmemente en torno a las políticas de memoria. Compartimos dos mapas elaborados por la Dirección Nacional de Sitios de Memoria que pueden enriquecer el diseño y planificación de actividades para el aula:

• Mapa de los espacios de memoria [JPG | 3.92 MB]
• Mapa de los espacios de memoria y señalizaciones [JPG | 4.14 MB]

¿Cuál es el rol del Estado en las políticas de memoria?

El 24 de marzo de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner se hizo eco de un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y convirtió a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Si bien existían experiencias previas de espacios de memoria ―como la Casa de la Memoria y la Vida, ubicada en la ex «Mansión Seré», en Morón; la Comisión Provincial por la Memoria, que comenzó a funcionar en la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), en La Plata, y el Espacio para la Memoria ex-CCDTyE «Club Atlético», en la ciudad de Buenos Aires―, la recuperación de la ESMA marcó el inicio de una política estatal nacional de memoria sobre el pasado reciente.

Este hecho se sumó a la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ―sancionada por el Congreso Nacional en agosto de 2003― y a su declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005. Esto permitió el juzgamiento de los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y abrió el proceso de Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, es la responsable de la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad (Ley Nº 26.691 y Decreto Nº 1896/14). Esa dirección, junto con las dependencias provinciales y municipales responsables de las áreas de derechos humanos, conforman la Red Federal de Sitios de Memoria.

¿Cómo participan los organismos de derechos humanos en los espacios de memoria?

Las políticas de memoria se construyen a partir de los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos. En muchos casos fueron los propios organismos los que solicitaron la recuperación de distintas dependencias que funcionaron como CCD para ser preservadas sin alteraciones, conservar las huellas de los hechos que allí ocurrieron, constituirse en testimonio permanente para las futuras generaciones y resguardar su carácter probatorio para los procesos judiciales. La participación de los organismos de derechos humanos es central en la toma de decisiones sobre las actividades que se realizan en los distintos espacios de memoria y forman parte de su estructura organizativa.