dictadura y sociedad
17 de septiembre de 1976. Un fotógrafo registró, sin ser visto, una escena de la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura.
La posición del anciano con la bolsa de compras en el centro de la fotografía propone lecturas divergentes en el contexto de esa esquina militarizada. ¿Su inmovilidad expresa pánico?, ¿tranquilidad? ¿Se trata de una escena común la de los soldados apostados en las columnas del edificio? La esquina es la del cruce entre la calle Miró y la Av. Rivadavia, a pocas cuadras del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. La pareja de jóvenes que observa desde el umbral del edificio de Rivadavia muestra, a su vez, otro modo de vivir la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina.

CONSENSOS TÁCITOS Y EXPLÍCITOS

Las dictaduras en la Argentina contaron con el aval de diversos sectores de la sociedad. En todos los golpes militares –el de 1930 contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el de 1943 que dio cierre a la denominada "Década infame", el de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón, el de 1962 contra el gobierno de Arturo Frondizi, el de 1966 contra el gobierno de Arturo Illia– existieron sectores que dieron su apoyo, más o menos explícitamente. Un episodio tan grave como deponer a un gobierno elegido de manera constitucional difícilmente pueda concretarse por la acción de un único sector social –por ejemplo, las Fuerzas Armadas–, sino que requiere de un conjunto de avales y alianzas sociales sólidas y ampliadas. No hay golpe de Estado sin algún tipo de apoyo civil y el golpe de 1976 no fue la excepción.

En el caso de la última dictadura existió, por un lado, un consenso tácito extendido y, por otro, uno explícito más acotado. A diferencia, por ejemplo, del golpe de 1955, cuando multitudes antiperonistas salieron a manifestar su apoyo a la autodenominada Revolución Libertadora, en la noche del golpe militar de 1976 en Buenos Aires, la Plaza de Mayo estuvo completamente desolada (ver “Galería de imágenes” del apartado Terrorismo de Estado). No hubo movilizaciones y mucho menos señales multitudinarias de adhesión al golpe. Sin embargo, muchísimos argentinos en el ámbito privado aceptaron el hecho como una «solución» a la crisis de gobernabilidad que se había creado en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón, seguramente bajo la idea –recurrente en el siglo XX argentino– de que la única opción frente al fracaso del gobierno constitucional consistía en confiar a los militares la tarea de recomposición de la autoridad y el orden.

Este consenso tácito se complementó con otros consensos explícitos. Sectores de alto poder económico apoyaron el golpe, como lo prueba la fuerte suba de las acciones en la Bolsa de Comercio el día después del derrocamiento de Isabel Perón. La Sociedad Rural Argentina también manifestó su apoyo. Entre los partidos políticos tradicionales, la respuesta osciló entre el silencio, la aceptación de la situación como si fuera la única opción posible y el apoyo directo. Los sectores de mayor jerarquía de la Iglesia dieron su aval la noche previa al golpe en una reunión secreta con la cúpula militar. Y los medios masivos de comunicación proporcionaron una interpretación auspiciosa de la situación. Incluso, ciertos sectores de las organizaciones insurgentes interpretaron que el golpe favorecía las expectativas revolucionarias porque de ese modo se tornaría más visible para el pueblo quién era el verdadero enemigo.

Si bien la Junta contaba con estos apoyos tácitos y explícitos, en la madrugada misma del día del golpe se dispuso una serie de operativos, implementados al margen de toda legalidad, destinados a detener a un gran número de militantes, estudiantes, obreros e intelectuales, entre otros, cuyo destino fue la cárcel o la desaparición. Esta modalidad represiva –el signo distintivo del terror instalado por la dictadura de 1976– es un indicador de que no toda la sociedad estaba dispuesta a avalar el Plan de Reorganización Nacional de la Junta Militar.


“VÍCTIMA Y VICTIMARIA” / RESISTENCIAS

¿Cómo evaluar el comportamiento de los distintos sectores sociales frente al terrorismo de Estado? ¿Desconocían aquellos que avalaron el régimen militar el dispositivo de terror? ¿Cómo fue posible que a lo largo y a lo ancho de todo el país hayan existido centros clandestinos de detención, la mayoría de ellos instalados en los grandes centros urbanos o en el centro de los pueblos? ¿Qué decir sobre el comportamiento social ante el mundial 78 y la guerra de Malvinas? Estas son quizás las preguntas más difíciles de responder al momento de explicar lo sucedido durante la dictadura, porque así como la vida cotidiana siguió «naturalmente» –las personas se casaron, tuvieron hijos, estudiaron, trabajaron–, los responsables de la dictadura no eran «monstruos» ni «demonios» ajenos a la sociedad sino más bien productos de ésta. La sociedad argentina padeció el terror dictatorial pero, a su vez, de su propio seno surgieron las condiciones que hicieron posible la instalación de los campos de concentración. Aducir que la sociedad no contaba con indicios de la existencia de dichos centros resulta, por lo menos, llamativo: los secuestros se realizaban frente a testigos; los operativos eran continuos y se llevaban a cabo en la vía pública; los centros clandestinos estaban instalados en sitios de gran visibilidad; los exiliados políticos se contaban en buen número; las denuncias de distintos organismos de Derechos Humanos tuvieron cierta publicidad, tanto las que provenían del exterior como las que se realizaban aquí y, hacia 1977, las Madres de Plaza de Mayo ya pedían por la aparición con vida de sus hijos en la histórica plaza. Asimismo y, finalmente, mucha gente pudo recordar, una vez terminada la dictadura, cómo alguna persona, más lejana o más próxima, había sido secuestrada. En última instancia, la existencia misma del miedo generalizado indicaba que había razones para temer. Se trataba, ni más ni menos, de la existencia del poder desaparecedor.

Pilar Calveiro lo expresa claramente en la frase que da inicio a este eje: “He aquí el drama. Toda la sociedad ha sido víctima y victimaria; toda la sociedad padeció, y a su vez tiene, por lo menos, alguna responsabilidad”. En el mismo sentido podemos retomar también las reflexiones del ensayista Hugo Vezzetti de su libro Pasado y Presente: «Parece claro que para la consolidación de la dictadura no bastó con el despotismo de las cabezas visibles del nuevo esquema de poder. La dictadura en verdad “soltaba los lobos en la sociedad” y estimulaba rasgos de autoritarismo e intolerancia presentes en las condiciones de la vida corriente, los que en las nuevas condiciones se aplicaron hacia abajo, desde diversas posiciones microsociales de mando, en las escuelas, oficinas, fábricas, pero también en la familia y los medios de comunicación. Fueron muchos los que se plegaron a reafirmar las formas de una autoridad que se imponía a subordinados cada vez más despojados de derechos o posibilidades de control sobre su situación. Una idea fructífera de esos análisis viene a constatar que no alcanzaba con el personal militar y las fuerzas de seguridad: fue necesaria “una sociedad que se patrulló a sí misma.”»

Hugo Vezzetti, Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

Para abordar otra dimensión de la relación entre dictadura y sociedad civil, queremos destacar algunos sectores sociales (trabajadores y organizaciones de Derechos Humanos, entre otros) que protagonizaron formas de resistencia, más o menos arriesgadas, ante el despliegue sistemático del terror.

Los trabajadores y sus organizaciones fueron, desde el inicio del terrorismo de Estado, blanco del accionar represivo. La dictadura se propuso instrumentar allí una profunda transformación. El mismo 24 de marzo, la Junta Militar y sus aliados civiles tomaron medidas tales como intervenir los sindicatos y las confederaciones
obreras y empresarias; prohibir el derecho de huelga; anular las convenciones colectivas de trabajo y congelar los salarios. En este punto cabe remarcar un aspecto fundamental del accionar represivo sobre los trabajadores: la estrecha colaboración y apoyo del sector patronal en la tarea de represión y eliminación sistemática de un sector del movimiento obrero. Sin embargo, en este contexto de brutal ofensiva militar y empresarial, las acciones de resistencia de los trabajadores lograron instrumentarse a través de diferentes métodos. Muchas de las comisiones internas de las fábricas y muchos de los delegados gremiales asumieron una posición que algunos autores definen como de «resistencia defensiva», lo que implicaba la lucha por mantener los niveles salariales y las condiciones de trabajo y el cuidado frente a las represalias empresariales en contra de los dirigentes y las organizaciones gremiales.

Por otro lado, las primeras acciones de los organismos de Derechos Humanos, desplegadas en medio del peligro, asumieron el desafío de buscar a los detenidos-desaparecidos a través de recursos que fueron creando sobre la marcha: cartas; presentaciones de hábeas corpus; entrevistas con todo aquel que pudiera ofrecerles una ayuda; solicitadas en los pocos medios que las publicaban; denuncias en el exterior; recorridas por juzgados, comisarías y dependencias militares; misas recordatorias y manifestaciones públicas que desafiaban las prohibiciones. En aquel entonces esta lucha tenía objetivos directos: denunciar los secuestros y reclamar por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos.

Los organismos de Derechos Humanos fueron, a su vez, desarrollando estrategias para nombrar a los desaparecidos, es decir, para restituir la identidad de aquellas personas que, desde la perspectiva del Estado terrorista, no existían. Estas organizaciones debían lidiar con un problema de difícil enunciación: ¿cómo decirle a la sociedad lo que estaba pasando, cómo nombrar la desaparición, cómo hacer presente la ausencia? Las Madres de Plaza de Mayo constituyen un ejemplo muy destacado de estos procesos de lucha. Pusieron en funcionamiento, al menos, tres estrategias que trascendieron en el tiempo: la creación de símbolos específicos, la invención de rituales y la visibilización de los desaparecidos. En los primeros años, el reclamo de las Madres de Plaza de Mayo, que resultó la primera intervención pública frente a la represión de la última dictadura, no tuvo recepción en la sociedad. Y algunas de ellas, como por ejemplo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, sufrieron también el destino de la desaparición. El reconocimiento público a la labor y la lucha de las Madres llegó tiempo después, desde finales de la dictadura , cuando fueron identificadas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, como un símbolo de la defensa de los Derechos Humanos. Las Madres, tal como sostiene el investigador Ulises Gorini, constituyeron un «nuevo sujeto político», capaz de crear espacios de resistencia allí donde dominaba el terror. Se trató de un grupo de mujeres que logró convertir las relaciones de sangre en relaciones políticas.

Ulises Gorini, La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de Plaza de Mayo. Tomo I (1976–1983), Buenos Aires, Norma, 2006.

Las denuncias de las desapariciones, la creación de estrategias de visibilización, la búsqueda de los niños secuestrados y la lucha permanente son algunos de los objetivos que cumplieron los organismos a lo largo de todo este tiempo. Nuestra democracia se enriquece con sus esfuerzos porque gracias a ellos sabemos que hay tres palabras que deben ir juntas: memoria, verdad y justicia.