Para la ocasión, el portal educ.ar entrevistó a la socióloga María Alicia Gutiérrez, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

–¿De qué hablamos cuando nos referimos a “derechos políticos”?
–En un sentido clásico, nos referimos a los derechos de todas las personas a participar en el gobierno de un país, así como al derecho a acceder a las funciones públicas. Los derechos políticos están directamente asociados con la democracia, y su reconocimiento está expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tipo de derechos incluyen el derecho al voto; el derecho a ocupar cargos de representación popular; a reunirse y/o asociarse, y a realizar peticiones ante las autoridades. En ese sentido, la participación es un valor democrático que permite exigir la rendición de cuentas a los funcionarios públicos y demandar que los programas de gobierno se ajusten a las necesidades de la gente.

Entonces, en un sentido más amplio, podemos definir como derecho político la potencialidad de la ciudadanía para organizarse y expresar sus necesidades, peticionar y demandar a los poderes públicos (siempre que la organización se encuentre dentro del marco de la ley). La Constitución Argentina, en la reforma de 1994, reafirma los derechos contemplados anteriormente, e incorpora algunos nuevos como la igualdad de sexos para el acceso a los cargos públicos.

–¿Cuáles fueron las principales luchas en el camino por la implementación real y concreta de los derechos políticos de la mujer?
–La lucha de las mujeres por los derechos políticos tiene un largo recorrido, que trasciende las fronteras nacionales. Desde la Revolución Francesa en adelante, las mujeres se han organizado para demandar por condiciones de igualdad con los varones en relación al acceso a la política. Un emblema de esa lucha fueron las demandas por el voto femenino, tardíamente incorporado en la mayoría de las constituciones del mundo (siglo XX). 

Pero también se han considerado derechos políticos otra serie de demandas que no se circunscriben exclusivamente al voto: el derecho a la educación, al trabajo y a la libre decisión sobre los cuerpos, entre otros. Las mujeres se han organizado –históricamente– para demandar la inclusión de sus derechos en todos los aspectos que refieren a su condición de ciudadanas, situación que aún continúa.

En la Argentina, la lucha por los derechos políticos igualitarios de las mujeres se inició a finales del siglo XIX, adquiriendo una presencia contundente –a través de numerosas acciones– a partir de la declaración del voto universal que no las incluyó

Hubo muchísimas mujeres que lucharon pero que también fueron silenciadas por la historia oficial. Entre ellas merecen destacarse la socialista Alicia Moreau de Justo; la radical Elvira Rawson y la independiente Julieta Lanteri, que recurrieron a diversas estrategias para instalar la problemática en la agenda pública: ya sea presentando proyectos de ley (que fueron denegados), hasta la realización de simulacros de voto para demostrar la exclusión femenina. Esta larguísima y accidentada tradición de lucha se plasma en la Ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el hombre. Ese 23 de septiembre de 1947, Eva Perón anunció el otorgamiento del voto femenino, que hizo su debut en las elecciones nacionales de 1951.

–¿Por qué traducir esta lucha en una efeméride que refiere exclusivamente a las mujeres? ¿Es necesaria esta distinción?
–Teóricamente, y de acuerdo con los criterios de igualdad que establece la Constitución Nacional, los derechos adquiridos deberían ser efectivamente instrumentados. El cambio efectivo, no solo jurídico sino también cultural, haría innecesaria la existencia de una efeméride específica. Sin embargo, y como todavía la existencia de las leyes no ha erradicado la invisibilidad de las mujeres, me parece importante que se conmemoren las gestas de lucha en las que queda en evidencia que la historia también la construyeron las mujeres en su derrotero por la igualdad.

–¿Qué falta hoy para profundizar el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres?
–La existencia de herramientas jurídicas no garantiza –por sí sola– el ejercicio pleno de los derechos que consagran. Actualmente, el derecho al voto es indiscutible así como la participación de las mujeres. Sin embargo, como definimos previamente, los derechos políticos de las mujeres comprenden una serie más amplia de derechos.

La necesidad de amplificar la participación de las mujeres en el espacio legislativo llevó a la promulgación de la Ley de Cuotas, que, más allá de objeciones válidas a su implementación, permite el acceso de mujeres a cargos legislativos y, con el correr del tiempo, mejorar la calidad institucional. Hace varios años que muchos países, Francia y Chile, por ejemplo, están discutiendo e implementando una reglamentación sobre la paridad en todos los poderes de gobierno, tanto Ejecutivo, Legislativo como Judicial. Esto, en la Argentina, es una deuda pendiente.

Si entendemos los derechos políticos de las mujeres amplificados, entre otras tantas cosas, es importante lograr la igualdad en el terreno laboral. La consigna de la Organización Internacional del Trabajo: “a igual trabajo igual salario”, no se cumple a pesar del enorme impulso de las mujeres en el ámbito educacional, lo que habla de una capacitación de excelencia, y su incorporación masiva al mercado de trabajo. También todo lo que se refiere al cuidado de las personas vulnerables que recae, en líneas generales, en las mujeres, dada la división sexual del trabajo, aún vigente. En esa línea, los derechos sexuales y reproductivos –si bien poseemos una amplísima y muy moderna legislación– distan de ser implementados en su total magnitud, así como las leyes sobre violencia y trata. Una de las deudas más importantes de la democracia, en relación al logro de la autonomía de las mujeres para poder ejercer libremente y amplificar sus derechos políticos, es el derecho al aborto, en tanto refiere a la producción y reproducción, que hacen al bienestar y al ejercicio legítimo de los derechos políticos no solo de las mujeres sino del conjunto de la ciudadanía.