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Luego de cinco años en el poder, el régimen autoritario instalado por la dictadura mostraba señales de deterioro: los vaivenes políticos y el fracaso económico agotaban las perspectivas de continuidad del gobierno. En este contexto, asume en diciembre de 1981 Leopoldo Fortunato Galtieri como presidente de la Nación.
Con intención de legitimar al gobierno de facto, las Fuerzas Armadas, recurrieron a uno de los íconos del sentir nacional: la causa Malvinas.
El 2 de abril de 1982, grupos de la Armada y del Ejército Argentino desembarcaron en las Islas Malvinas y redujeron a la guarnición militar británica en lo que se llamó el «Operativo Rosario». Esto fue comunicado a la población por el presidente ese mismo día, lo que provocó un fervor nacionalista inusual, que la Junta utilizó como una excelente propaganda para legitimarse. En plena crisis, miles de argentinos se congregaron por primera vez en Plaza de Mayo a favor de esta medida del gobierno. Mientras tanto, el 3 de abril, una flota británica zarpó hacia el sur argentino y, ese mismo día, la Organización de las Naciones Unidas exigió el retiro argentino de las islas. Nada de esto frenó al gobierno, que, desesperado por seguir generando adhesiones dentro de la población, envió a la zona tropas de soldados (en su gran mayoría, jóvenes conscriptos sin experiencia) y buques de guerra. El 25 de abril, Gran Bretaña recuperó el control de las Islas Georgia y el 1 de mayo, con el bombardeo británico sobre el Puerto Argentino, comenzó la guerra.
Mientras aumentaba la popularidad de la contienda, con ayuda de los medios masivos de comunicación y el aparato del Estado puesto a disposición de la propaganda nacionalista, el 2 de mayo el submarino inglés Conqueror hundió al Crucero Gral. Belgrano y ocasionó la muerte de 322 argentinos. Las semanas que siguieron fueron de constante bombardeo británico sobre las Islas, control del espacio marítimo y preparación del desembarco, que sucedería el 21 de mayo. Una vez allí, las tropas inglesas avanzaron sobre Puerto Darwin, que caería tras los combates del 29 de mayo. Con la llegada de junio, comenzó el avance británico sobre Puerto Argentino y la fase final de la guerra. En esos días, se dieron los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y se produjo la batalla de Monte Longdon, una de las que ocasionó más bajas entre las tropas argentinas. Con la guerra ya casi terminada, el 11 de junio llego al país el papa Juan Pablo II para oficiar como mediador. Finalmente, el gobierno informó lo que realmente ocurría: las bajas eran muchas y la infraestructura de combate, mucho menor. El 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez, gobernador argentino en las islas, firmó la rendición.
Pensar Malvinas: Educación y Memoria
La Guerra de Malvinas en los medios
La Guerra de Malvinas y los medios gráficos
Las organizaciones de excombatientes de Malvinas
Día del veterano y el caído en la Guerra de Malvinas
Guerra de Malvinas, un antes y un después
Mensaje del general Leopoldo Fortunato Galtieri del 2 de abril de 1982
Testimonio de Santiago, un soldado argentino que combatió en las Islas Malvinas en 1982
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políticos de izquierda. Los operativos se realizaron a partir del primer día de la Junta Militar en el poder y se considera que durante los años de gobierno de facto se llevó adelante un genocidio, dado que la inmensa mayoría de los desaparecidos pertenecía a una ideología determinada.
Los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado comenzaron a reclamar la aparición con vida de sus hermanos, padres e hijos desde 1977. Entre los diversos grupos que se formaron en esos años, se destaca el de Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que comenzaron a marchar todos los jueves por la tarde alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo reclamando por información sobre sus seres queridos y poniendo en evidencia lo que la sociedad no veía o no quería ver. Empezaron a utilizar el pañuelo en la cabeza para identificarse entre sí y es el día de hoy que continúan marchando, semanalmente, exigiendo justicia por los crímenes cometidos por el Estado. Las primeras madres también sufrieron desapariciones entre su conformación original: Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga fueron secuestradas en la Parroquia Santa Cruz en diciembre de 1977 por un grupo de tareas de la Armada. Fueron llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar. El 20 de diciembre del mismo año aparecieron sus cuerpos en las costas de Santa Teresita, que fueron enterrados como n. n. en el cementerio de General Lavalle. En 2005, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos, tres de los cuales correspondían a Azucena, Esther y Mari.
Por otro lado, el 15 de mayo de 1977 María Eugenia Casinelli y otras once abuelas firmaron un hábeas corpus colectivo en forma de carta, dirigido a la justicia de Morón, en el que hacían saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. El posterior trabajo de esta organización reveló que se secuestró a más de 500 niños, ya sea nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres. Tras una incansable labor de investigación y el reclamo permanente ante la justicia y los organismos internacionales, las abuelas lograron devolver su identidad a más de 100 nietos, pero siguen buscando a más de 400 niños. Se considera que estas personas, cuya identidad ha sido sustraída por sus apropiadores, siguen siendo víctimas del terrorismo de Estado, aunque la democracia se haya instalado en el país en 1983.
Retrato de un genocidio: Las locas de la Plaza
Retrato de un genocidio: El principio del fin
Retrato de un genocidio: Memoria, verdad y justicia
Padres de la Plaza: La Plaza de Mayo
Padres de la Plaza: La búsqueda del hijo
La lucha por los derechos humanos durante la dictadura militar de 1976-1983
Una breve historia de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
El surgimiento de la Asociación Madres de Plaza Mayo
La Asociación Madres de Plaza de Mayo en la actualidad
Primera solicitada de madres y esposas de desaparecidos publicada por diarios en Argentina, 1977
Prólogo de Adolfo Pérez Esquivel al libro Las locas de Plaza de Mayo, publicado en 1982
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La lucha por los Derechos Humanos y la condena a los militares y civiles que perpetraron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar tiene una historia de
marchas y contramarchas en la Argentina. En abril de 1985, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín se produjo un hecho inédito en el país: nueve altos jerarcas militares serían juzgados, a raíz de su participación en la represión ilegal, por un tribunal civil oral y público. Para la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), en la que participaron personalidad destacadas del campo cultural, científico y literario argentino, como Rene Favaloro o Ernesto Sábato (que fue cuestionado por algunos organismos de DD. HH. por su participación en una reunión con Videla en 1976). Esta Comisión redactó el Nunca Más, informe oficial sobre la represión ilegal en la Argentina.
A su vez, por iniciativa oficial, se inició un proceso contra los principales líderes de las organizaciones revolucionarias: el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, lo que puso de manifiesto la teoría de los dos demonios, que venía a poner en pie de igualdad a los principales responsables de la aplicación del terrorismo de Estado y a los líderes de las organizaciones armadas. Esta teoría anulaba los objetivos de reconfiguración socioeconómica del Proceso militar y explicaba la represión ilegal como «excesos» cometidos por las fuerzas armadas en el marco de una guerra entre dos facciones iguales en fuerza de ataque y recursos.
Si bien los altos jefes militares fueron condenados, por presiones de las Fuerzas Armadas, que coparon regimientos en diversas oportunidades y por ambivalencias en el Ejecutivo nacional, fueron promulgadas las leyes de Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987, que pusieron fin a los procesos contra los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Estas leyes fueron acompañadas por los indultos a los jefes militares, decretado en 1990 bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem.
Luego de más de una década de impunidad, en 2005 estas leyes fueron derogadas, lo que permitió la reanudación de decenas de procesos contra los responsables del terrorismo de Estado.
Alfonsín y el Juicio a las Juntas
El Juicio a las Juntas (Tv Pública) I
El Juicio a las Juntas (Tv Pública) II
El retorno de la democracia y la condena al terrorismo de Estado
Fallo de la Corte suprema sobre la nulidad de las Leyes del Perdón
Las FF. AA. justifican el terrorismo de Estado
Alegato del fiscal Strassera en el Juicio a las Juntas
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La Junta militar consideraba al campo educativo y cultural un lugar en donde la «subversión» podía encontrar un «caldo de cultivo» para expandirse e «intoxicar» a la población. Gracias a esto, las Fuerzas Armadas hicieron un fuerte hincapié en controlar y censurar cualquier manifestación cultural o educativa que escapara del «orden occidental y cristiano». De esta manera, no
solo los hombres y mujeres del campo cultural sufrieron la represión en carne propia, sino que también fueron prohibidos innumerables canciones, películas y libros tan disímiles como Un Elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, El Principito, de Antoine De Saint-Exupéry o Rayuela, de Julio Cortázar. Editoriales como el Centro Editor de América Latina (CEAL) tuvieron que sufrir que miles de sus ediciones fueran literalmente quemadas por considerarse literatura peligrosa.
La misma censura sufrió la música, los compositores y cantantes tenían que esconder bajo sutiles metáforas sus críticas a la dictadura o el cine, en el cual los censores de la Junta, vigilaban sigilosamente el contenido de las películas que se promocionaban.
En el ámbito educativo, también el control fue muy estricto, las universidad nacionales expulsaron a miles de sus profesores, muchos de los cuales fueron secuestrados y asesinados mientras que otros tuvieron que seguir sus carreras en el exilio. En las escuelas secundarias, la disciplina fue muy estricta. Tanto desde comunicaciones formales de los organismos de gobierno como desde publicaciones de la prensa, se publicaban artículos en donde se alertaba a los padres de la posibilidad de que sus hijos hayan sido subvertidos por la ideología marxista, a la cual se oponía la educación formal, que debía inculcar los verdaderos valores del ser nacional, occidental y cristiano.
La represión cultural fue uno de los puntales de la Junta Militar, que infiltró a sus agentes en las distintas casas de estudio para detectar posibles subversivos. Uno de los hechos más paradigmáticos de la represión fue la denominada Noche de los Lápices, en la cual un grupo de estudiantes secundarios de La Plata fue secuestrado en la noche del 16 de septiembre de 1976.
Humor registrado. Oposición a la dictadura
Clemente, la censura de una historieta
Dictadura: del Golpe a Malvinas
Educación en la última dictadura
Purgas en la universidad, 1976
Sobre subversivos en las Escuelas. Notas del Ministerio de Educación, 1977
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La dictadura militar que se instaló en la Argentina luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 vino a cerrar una etapa histórica en la Argentina abierta a mediados de la década del cuarenta. El objetivo fue terminar, a sangre y fuego, con el modelo de acumulación económica conocida como Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y reemplazarlo por el modelo de valorización financiera. Si bien la ISI comenzó en la Argentina como consecuencia de la crisis mundial de 1930, es a partir de la llegada de Perón al poder que se erige como una alianza entre los sectores asalariados y parte de la burguesía nacional. Este modelo tenía como premisa básica mantener el poder adquisitivo de la clase trabajadora para articular un mercado interno capaz de fortalecer la demanda de los productos industriales nacionales.
El hombre designado para terminar con este modelo fue José Alfredo Martínez de Hoz, un economista liberal vinculado con los intereses terratenientes y el capital trasnacional. Martínez de Hoz aplicó una serie de políticas económicas (congelamiento de salarios, liberación de precios, devaluación de la moneda) que llevaron a que la participación de los trabajadores en el producto bruto se redujera notablemente. Por otra parte, gracias al control militar sobre la población, que impedía cualquier forma de oposición a estas políticas, los trabajadores fueron perdiendo paulatinamente derechos sociales y laborales que habían sido conquistados y defendidos durante más de treinta años.
Con este fin, los sectores dominantes instauraron una dictadura militar, que, a diferencia de dictaduras anteriores, se propuso quebrar la confluencia de intereses entre la clase trabajadora y la burguesía nacional, no ya sobre la base del crecimiento industrial, sino modificando dramáticamente la estructura socioeconómica del país. Sobre esto, se impuso el modelo de valorización financiera, no sobre la base de la producción industrial, sino sobre la especulación en el mercado de capitales nacional e internacional. Este modelo diluyó el papel de la demanda asalariada, por lo que el salario ya no significó un factor indispensable para sostener la demanda interna, sino un costo de producción que había que reducir para asegurar la mayor ganancia posible para el empresariado.
Terrorismo de Estado y concentración económica
Proceso de Reorganización Nacional
Publicidad del Proceso de Reorganización Nacional sobre la política económica
Publicidad del Proceso de Reorganización Nacional sobre la política económica II
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provincial luego de dar misa en Chamical en homenaje a dos sacerdotes asesinados por integrantes de las FF. AA. Si bien el caso fue presentado como un accidente automovilístico tanto por el Gobierno de facto como por el Episcopado argentino, desde 1983 se denunció que se trató de un asesinato premeditado contra el religioso quien había denunciado a viva voz los crímenes cometidos por la dictadura. Esta causa avanzó y fueron imputados el expresidente de facto, Jorge Rafael Videla, y el ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Angelelli formó parte de un pequeño grupo de la Iglesia Católica, junto con Carlos Horacio Ponce de León, Jorge Novak, Jaime de Nevares y Miguel Hesayne, que a diferencia de la posición institucional llevada adelante por la institución eclesiástica denunciaron los crímenes cometidos por la dictadura. Muchos religiosos fueron víctimas del terrorismo de Estado, como las monjas francesas Léonie Reneé Duquet y Alice Domon, secuestradas, torturadas y asesinadas en la ESMA por un grupo de tareas de la Armada o los sacerdotes de la Iglesia de San Patricio, asesinados por las FF. AA. en julio de 1976.
Las fracturas en la Iglesia con respecto a la cuestión social ya se venían produciendo desde principios de la década del sesenta con el Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII, en donde se produjeron debates acerca del «signo de los tiempos»; en particular, sobre las consecuencias de un orden social y económico injusto para el conjunto de la humanidad.
El espíritu de renovación del Concilio influyó decisivamente en las iglesias latinoamericanas. La Conferencia del Episcopado Latinoamericano reunida en 1968 en Medellín, Colombia, recogió esa preocupación por una evangelización sensible a las necesidades de una época en la que muchos pueblos del Tercer Mundo luchaban por su liberación.
En sintonía con este proceso de replanteos ideológicos y de renovación teológica cristiana -a la que se denominó Teología de la Liberación-, se conformó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
El sacerdote argentino Carlos Mugica fue uno de los integrantes de ese movimiento. Su prédica lo enfrentó con intereses muy poderosos. Fue asesinado por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una organización represiva ilegal de ultraderecha, en 1974.
El gobierno ilegal de la última dictadura cívico-militar que se apropió del Estado argentino el 24 de marzo de 1976 descargó sobre este movimiento -y sobre seminaristas y curas progresistas en general- una feroz represión.
Carlos Mugica y los curas tercermundistas
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Durante la última dictadura militar en la Argentina, los grandes medios de comunicación trabajaron en complicidad junto con el gobierno militar. Muchas veces ocultaban los crímenes producidos por el terrorismo de Estado, publicando notas en consonancia con el proyecto político del gobierno de facto o se negaban a publicar solicitadas y pedidos por la situación de los detenidos desaparecidos.
Este aval de los grandes medios como Clarín o La Nación tuvo como contrapartida grandes beneficios económicos como la apropiación de estos dos diarios junto con el diario La Razón de las instalaciones de Papel Prensa, única planta productora de papel de diario del país, lo que les valió la obtención de ventajas comparativas enormes con respecto a otros medios gráficos.
En los últimos años, y a partir de la política de Derechos Humanos llevada adelante por el Estado nacional, se está investigando seriamente lo actuado con respecto a la fábrica de papel por estos tres diarios durante la dictadura militar. Tal era el grado de censura y complicidad que uno de los pocos diarios en la Argentina que denunciaba la situación de violación a los derechos humanos en el país fue el Buenos Aires Herald, diario publicado en inglés.
Los medios de comunicación también sirvieron a la dictadura para desacreditar las denuncias que en el exterior se realizaban sobre la aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina. Eventos tales como el Mundial de Fútbol de 1978 o la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 sirvieron para que, en consonancia con el gobierno, los grandes intereses mediáticos hablaran de una «Campaña antiargentina» e instalaran el eslogan «Los Argentinos somos derechos y humanos». El mismo rol cumplieron durante el conflicto bélico en Malvinas, en el cual se limitaron a retransmitir las noticias falsas producidas por la Junta Militar.
En la actualidad, algunos grandes diarios, como La Nueva Provincia de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, están siendo investigados por la justicia argentina por su complicidad durante la última dictadura.
La última dictadura en los medios
La Nación, 25 de marzo de 1976
Sobre el Mundial de Fútbol 1978
Revista Gente: «Carta abierta a los padres argentinos», 1976
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llevó al exterminio de miles de hombres y mujeres a lo largo del país. Las tres fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), desde los más altos rangos hasta los soldados rasos, estuvieron involucradas en la aplicación del terrorismo de Estado. El objetivo fue la eliminación física por parte del Estado de cualquier opositor al régimen y a su política económica y social. Esto no se hizo aplicando la ley, sino totalmente al margen del sistema judicial y penal argentino. El engranaje fundamental de este plan fueron los centros clandestinos de detención, espacios absolutamente clandestinos que, fuera de la ley, pueden ser considerados como campos de concentración: allí se violaban los derechos humanos, aplicando torturas y asesinando personas sin juicio previo. Se calcula que durante la última dictadura militar funcionaron más de 600 campos.
El modus operandi de la desaparición consistía en secuestrar personas en la vía pública, el hogar o el lugar de trabajo, para luego someterlas a torturas y vejaciones, y finalmente, en la inmensa mayoría de los casos, asesinarlas y enterrarlas en fosas comunes o arrojarlas vivas al Río de la Plata.
La Perla fue uno de los campos que se estableció en la provincia de Córdoba, por donde pasaron más de 2000 detenidos, la mayoría de los cuales sigue todavía desaparecida. El 24 de marzo de 2007, al cumplirse el 31° aniversario del golpe de Estado, el Gobierno nacional cedió los terrenos donde funcionó La Perla para transformarlo en Espacio para la Memoria, cuya gestión quedó a cargo de las entidades de Derechos Humanos.
Centro Clandestino de Detención: La Perla
Terrorismo de Estado en Córdoba
La figura de los desaparecidos
Reportaje a Emilce Moler, exdetenida desaparecida
Sobre la desaparición de ciudadanos uruguayos en la Argentina
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El modelo económico llevado adelante por el Gobierno militar, a partir de la desprotección de la industria nacional, la disminución del salario real y el empeoramiento de la condiciones de vida de los trabajadores, tuvo como grandes perdedores a la pequeña y mediana burguesía nacional y fundamentalmente a la clase trabajadora. Sectores que durante años habían logrado articular una alianza de intereses que les había permitido tener un importante rol en la economía y la política argentina. Sin embargo, no todos los sectores industriales fueron perjudicados por el Proceso de Reorganización Nacional. Los grandes empresarios nacionales y el capital transnacional lograron grandes ganancias a partir de su creciente poder sobre los trabajadores y de políticas estatales (programas de promoción industrial, transferencia al Estado de deuda privada, subsidios impositivos) dirigidas hacia ellos.
Para lograr esto, empresas como Acindar, Astarsa, Ford, Mercedes Benz y Ledesma, entre otras, participaron activamente en la represión a sus trabajadores: permitieron la entrada de unidades militares en sus instalaciones, proporcionaron listas de obreros que participaban de la vida sindical y autorizaron el interrogatorio de los trabajadores en las plantas de la empresa. Esta actitud iba de la mano con la idea de desestructurar el poder sindical en las plantas de producción articuladas en torno a las comisiones internas obreras.
A partir de esta cooperación, durante la última dictadura militar se produjo en la Argentina una revancha clasista, esto quiere decir que las grandes empresas actuaron en complicidad con las Fuerzas Armadas con el fin de revertir el gran peso que la clase obrera había desarrollado.
El caso del Ingenio Ledesma es paradigmático. El ingenio azucarero, fundado a principios de siglo xx en la provincia de Jujuy, es propiedad de la familia Blaquier. Durante la dictadura, la empresa tuvo una destacada cooperación con las Fuerzas Armadas en la represión de los trabajadores, activistas y políticos. La empresa, encargada del suministro de energía de la zona, fue responsabilidad de la Noche del Apagón, una serie de cortes de energía que se produjeron entre el 20 y 27 de julio de 1976 y en los cuales fueron detenidos cerca de 400 personas, de las cuales 55 continúan desaparecidas, entre ellas Luis Arédez, exintendente de Ledesma.
En 2012, Carlos Pedro Blaquier, presidente de la empresa, fue acusado por estos hechos, lo que refuerza la idea acerca de los estrechos vínculos entre sectores civiles y las FF. AA. durante el Proceso de Reorganización Nacional.
24 de Marzo: Golpe a los trabajadores (Huellas de un siglo - TV pública) I
24 de Marzo: Golpe a los trabajadores (Huellas de un siglo - TV pública) II
24 de Marzo: Golpe a los trabajadores (Huellas de un siglo - TV pública) III
Terrorismo de Estado y concentración económica
Proceso de Reorganización Nacional
Carta abierta a la Junta Militar, de Rodolfo Walsh, 1977
Publicidad del Proceso de Reorganización Nacional: «Ganamos la Paz
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La Sociedad Rural Argentina (SRA) es un organismo que nuclea a instituciones vinculadas al agro, la ganadería y la agricultura. Fue creado en 1866 por Eduardo Olivera y José Alfredo Martínez de Hoz (padre), entre otros grandes terratenientes de la región pampeana de la Argentina. En sus inicios, la SRA impulsaba las innovaciones técnicas en el sector del agro, pero con el tiempo fue adquiriendo un carácter más político que técnico, debido a la expansión y consolidación del modelo agroexportador. Con el advenimiento del peronismo, la SRA comenzó su tradicional disputa con el gobierno por las retenciones a las exportaciones -que Perón centralizó en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI)- y apoyó abiertamente el golpe de Estado de 1955 contra el gobierno.
Desde entonces, forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo. Este Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la Armada, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares. Esto habla a las claras de una colaboración expresa entre estos funcionarios y el gobierno de facto. Entre los puntos de contacto, se encuenta la complicidad en relación con los crímenes cometidos por la dictadura. En 1976, el INTA tenía unos 5000 trabajadores. Según investigaciones judiciales recientes, más de 700 de ellos fueron eliminados de sus cargos luego del golpe. Entre ellos, hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos.
Por otra parte, la política de devaluación de la moneda llevada adelante por el ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz (h) trajo aparejados beneficios para los sectores exportadores (entre los que se destacaban los productores agrarios). Con la liberalización del comercio internacional y la ausencia de impuestos a las exportaciones, Martínez de Hoz generaba una elite terrateniente aliada al gobierno. Esto quedó claro cuando a un año del golpe de Estado la SRA decidió sacar un comunicado público donde saludaba al gobierno y declaraba: «La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976».
Visión 7: La Sociedad Rural en la dictadura
Marcianos: Cronología de la Deuda Externa - Capítulo Un Salto al vacío
El golpe militar de 1955 y el derrocamiento del peronismo
Las exportaciones en la economía argentina
Huellas de la última dictadura militar
El modelo agroexportador y la inmigración
Actividades productivas y la expansión del ferrocarril