Corresponsabilidad en los cuidados. Políticas públicas para una sociedad igualitaria 

Una vez que evidenciamos la desigualdad de género y entendemos los fenómenos que dejan a las mujeres en una situación de mayor vulneración económica, se torna necesario pensar medidas proactivas para achicar estas brechas existentes en nuestra sociedad. Para este fin, es central exigir políticas públicas que comprendan que una de las fuentes principales de desigualdad entre los géneros se encuentra en la responsabilidad sobre el trabajo doméstico y de cuidados, que hoy recae principalmente en las mujeres.   

Todos, todas y todes necesitamos tareas de cuidado 

En los primeros y últimos años de vida se vuelve más notorio que todas las personas necesitamos ser cuidadas, ya que nuestra supervivencia diaria depende de ello. No hay bebé que sobreviva sin cuidados. Sin embargo, más allá de esta dependencia vivida en momentos específicos de nuestro ciclo de vida, las necesidades de cuidado nos acompañan cotidianamente, de manera más o menos visible. Además, evidencian una interdependencia humana muy alejada del individualismo que respiramos en las publicidades y en el paradigma actual, donde una persona sola puede con todo y la vulnerabilidad está vista como una debilidad individual y no como una potencia colectiva.  

Actualmente, lejos de la meritocracia individualista y del si querés, podés, la pandemia de la COVID-19 nos mostró que somos vulnerables e interdependientes. No alcanza con la salud de una sola persona, sino que es necesaria la de todos, todas y todes. En este sentido, esta realidad dolorosa que atravesamos nos ayuda a entender la importancia de pensarnos como colectivo social más que como individuos aislados. Una realidad que hace tiempo buscan evidenciar los feminismos, pero también los movimientos ambientalistas, los cooperativos y tantos otros que construyen paradigmas de nuevas formas de organización social. 

Por eso, cuando hablamos de cuidado es preciso pensarlo no solo en relación con la dependencia de las infancias, de algunas personas adultas mayores, de las que poseen una discapacidad o las que atraviesan una enfermedad, sino también con la interdependencia del conjunto. 
 

Todos, todas y todes somos responsables del cuidado 

Si todas las personas necesitamos cuidados, entonces todas tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al cuerpo social del que somos parte, desde la corresponsabilidad. Sin embargo, esta afirmación que parece obvia no se cumple en la realidad, ya que las tareas de cuidado recaen especialmente en las mujeres, que realizan el triple de trabajo doméstico no remunerado que los varones, que «ayudan» en el hogar. 
 
Se genera así una desigualdad en los tiempos destinados a un trabajo que tiene escaso reconocimiento social y muchas veces nulo reconocimiento económico. Desde el imaginario social de creer que una ama de casa en realidad no trabaja hasta llamar «ayuda» al trabajo de un quinto de la fuerza laboral femenina ─que se desarrolla en el sector de empleo doméstico─, el cuidado no parece reconocido como el resto de los trabajos que mantienen a la sociedad funcionando. 
 
En este sentido, su ejercicio se convierte en una fuente de desigualdad entre varones y mujeres, pero también entre las propias mujeres, entre las que pueden tercerizar estas tareas (en otras mujeres) y quienes realizan este trabajo de forma gratuita o mal paga.  

Hasta acá hablamos de cuidados que se hacen dentro del hogar o de forma comunitaria (como los comedores populares), pero también debemos referirnos al mundo de las enfermeras ─que cobran menos que sus colegas del sector de salud─ y de las educadoras, que, aunque enfrentan barreras específicas, también reproducen un sesgo de poco reconocimiento social por sus tareas.  

Donde hay una necesidad nace un derecho 

Si bien es evidente que todas las personas necesitamos cuidados, no existe una cobertura universal de esta necesidad. Dentro del avance de la agenda de los derechos humanos no hay un derecho universal que asegure el cuidado. Incluso, la legislación existente sobre el tema se centra en el paradigma de la dependencia y confiere responsabilidades marcadas al grupo familiar de la persona. Se mantiene, entonces, dentro del ámbito del hogar y las familias. De esta forma, se explica lo que evidenciamos en las estadísticas públicas: las mujeres realizan estos trabajos de cuidado ante la falta de una responsabilidad social.  

Dicha responsabilidad tiene los efectos que desarrollamos anteriormente, ya que las mujeres experimentan una mayor vulneración económica y una doble o hasta triple jornada laboral para poder asegurar un ingreso del mercado laboral, cumplir con los quehaceres domésticos, cuidarse y cuidar a algún familiar o persona cercana que lo necesite.  

En este sentido, si buscamos una sociedad igualitaria, es central avanzar en políticas públicas que reconozcan el cuidado como un derecho y avancen en espacios de cuidados colectivos.  
 

Sistema Integral de Cuidados  

Por lo tanto, la socialización de la responsabilidad y de la ejecución del trabajo reproductivo es un requisito necesario en la emancipación de las mujeres para alcanzar una real igualdad de oportunidades. Además, es preciso ─y urgente─ garantizar el cuidado de toda la población, sin dejarlo librado al mercado, es decir que dependa del nivel de ingresos de las personas.  
 
De esta forma, la exigencia de un Sistema Integral de Cudados, en el cual se está trabajando interministerialmente desde 2020, busca garantizar el derecho al cuidado y tiene como consecuencia la profesionalización de un sector que concentra a casi un quinto de las trabajadoras de nuestro país. A la vez, como estimó la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, se apuesta a un sector que aporta casi un 16% al producto bruto interno, por lo que funciona además como una política dinamizadora de la economía nacional.  
 
Si bien el rol del Estado es central en la garantía de este derecho, también se necesita avanzar en la legislación para que el sector privado se responsabilice de su parte en la provisión de cuidados. En este sentido, se exige el acceso a espacios de cuidado para niños y niñas en los lugares de trabajo, tanto para madres como para padres, además de la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, entre otros. 

ESI para vivir 

Con una infraestructura pública y gratuita que pueda asegurar cuidados para la población más joven, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, y un sector privado que se los asegure a sus trabajadores y trabajadoras, estos pasarían a garantizarse socialmente y no solo por las familias, como sucede hoy. De todas maneras, también es necesario repartir equitativamente los tiempos de trabajo reproductivo dentro de los propios hogares y las comunidades, desnaturalizando estas tareas como «de mujeres», fortaleciendo la corresponsabilidad frente a estas tareas. Y en este punto resulta urgente la Educación Sexual Integral en las escuelas para desmontar estereotipos anacrónicos y la formación de los docentes y la comunidad educativa,  en este campo. 
 
En este sentido, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral establece el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Su objetivo es desarrollar un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueva saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. De esta forma, se piensa justamente como un espacio de aprendizaje y de desnaturalización de estereotipos que producen y refuerzan una distribución injusta de las tareas, y de los tiempos de trabajo que generan desigualdades.