El conflicto de los trabajadores de Kraft Food
El conflicto en la fábrica Kraft Foods (ex Terrabusi) ha sido el
conflicto obrero industrial más importante de las últimas décadas en
Argentina. En su transcurso, se transformó en un hecho
político nacional, incorporándose en la «agenda» diaria de los medios
masivos de comunicación y obligando a la intervención directa del
gobierno nacional, la cúpula de la CGT, las cámaras empresarias y hasta
la embajada norteamericana. En una breve crónica de los
hechos, el conflicto comienza el martes 18 agosto cuando la empresa
comunica el despido de 158 trabajadores, entre ellos cinco delegados de
la Comisión Interna, Congresales, la mayoría del Cuerpo de Delegados de
base –estos aún no reconocidos por el Sindicato nacional ni por la
empresa– y activistas. El Ministerio de Trabajo de la Nación dicta la
conciliación obligatoria pero la misma no es acatada por la empresa, por
lo cual los trabajadores inician un paro general de la planta con
ocupación y permanencia de los despedidos en el lugar de trabajo. Al
mismo tiempo dan inicio a un plan de lucha que incluye asambleas
permanentes, cortes de la ruta Panamericana, movilizaciones al
Ministerio de Trabajo, cortes y acciones de solidaridad en diferentes
puntos del país, festivales y actos frente a la planta industrial.
El conflicto se intensifica con la militarización del predio fabril
por parte de la policía bonaerense, con la intención de la empresa de
impedir el ingreso y salida de los trabajadores despedidos de la
fábrica. Pese a esto y a la represión policial, los trabajadores
continúan ingresando al predio fabril. En este marco se
profundiza la solidaridad de otros actores con el conflicto (organismos
de DD.HH., organizaciones obreras y estudiantiles, diputados,
personalidades del arte y la cultura, etc.). Se realizan nuevos cortes
de la ruta. En este marco de agudización del conflicto,
las principales cámaras empresariales argentinas, la Unión Industrial
Argentina (UIA) y la Coordinadora Industrias de Productos Alimenticios
(COPAL) –dirigida por un ex funcionario de la dictadura de Videla, Jorge
Zorreguieta–, piden que se restablezca el orden y se desaloje a los
trabajadores de la planta. A su vez, la Embajada Norteamericana
intercede ante el gobierno a favor de la empresa, solicitando
públicamente el retorno a la «normalidad» en el establecimiento fabril.
Por su parte, las conducciones sindicales tradicionales en voz de Hugo
Moyano de la CGT y Rodolfo Daer del STIA (Sindicato de la Alimentación),
condenan las medidas de lucha de los trabajadores por estar
«ideologizadas» y haber «politizado los reclamos». El paro en la planta
de Gral. Pacheco se mantiene así durante 37 días, hasta el 25 de
septiembre en que los despedidos que permanecían en el interior son
desalojados violentamente por un operativo represivo de la policía
bonaerense y se fortalece la presencia policial dentro de la planta.
Luego de este hecho, el conflicto ingresa en una nueva fase en la
que, a la par que se mantienen las medidas de lucha por parte de los
obreros (ahora fuera de la fábrica), comienza un proceso de negociación
con la empresa en el Ministerio de Trabajo. Tras una serie de
resoluciones judiciales, los delegados de la Comisión Interna que fueron
desalojados e impedidos ilegalmente de ingresar a la planta fabril deben
ser reincorporados por parte de la empresa.