Propuestas para la agenda de las reformas estatales para erradicar la discriminación contra la mujer

En primer término figura el empleo. Al respecto, se busca mejorar las condiciones para aumentar la competitividad y productividad, para crear puestos de trabajo para las mujeres. Asimismo, se intenta salvaguardar sus derechos en el contexto de la flexibilización laboral y favorecer el acceso a recursos destinados a fortalecer su capacidad de emprendimiento. La superación de la pobreza se vuelve la piedra angular del desarrollo sostenible. En este contexto, las mujeres no se ven como depositarias de las tareas reproductivas, ni como intermediarias entre el Estado y la familia, sino como ciudadanas de pleno derecho. El consenso sobre lo anterior debe incluir el reconocimiento del valor del trabajo doméstico no remunerado, la necesidad de políticas que permitan armonizar la vida familiar y pública y la importancia de involucrar a hombres y mujeres en el proyecto. En este ámbito, los derechos reproductivos y la erradicación de la violencia contra la mujer siguen siendo prioridades que exigen amplias reformas institucionales y una mayor asignación de recursos. Los mecanismos para el adelanto de la mujer han entendido que esta perspectiva requiere la visibilización de las mujeres en tanto sujetos de la superación de la pobreza y, por lo tanto, el desarrollo de múltiples herramientas de control, evaluación y rendición de cuentas que garanticen su participación ciudadana. En este sentido, los gobiernos apuntan cada vez más a vincular la transparencia de la gestión con el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías (Internet), con vista tanto a erradicar la pobreza y promover el desarrollo, como a fomentar la participación en la toma de decisiones. Asimismo, la transparencia supone una profundización del desarrollo de las estadísticas de género, mediante la recolección de información básica, especialmente sobre la pobreza, el trabajo no remunerado y el uso del tiempo […]. El VIH / SIDA ha adquirido dimensiones que trascienden el ámbito de salud para convertirse en una amenaza para el desarrollo en la región. La feminización de las víctimas y su desprotección han permitido insertar el tema en las políticas gubernamentales, pero siguen existiendo enfoques biomédicos sin protección de los derechos. Abordar los derechos humanos, sociales y culturales de las mujeres, a fin de fortalecer la salud reproductiva, las políticas sobre VIH / SIDA, y el diseño y la formulación de programas en esta materia es una prioridad de las políticas, especialmente en el caso del Caribe. A su vez, estas deben reforzar las medidas jurídicas y sociales que protegen a las mujeres y los niños de todas las formas de violencia sexual, incluidos el abuso sexual infantil, el incesto y la trata de personas, para reducir el costo económico y social del VIH / SIDA en los pequeños Estados insulares en desarrollo. Se reconocen los avances de la lucha contra la violencia, pero ésta debe integrase a las políticas de seguridad ciudadana y abarcar la sanción de todos los delitos contra la mujer, en el sentido señalado en la Convención de Belém do Pára. En lo que se refiere a la gobernabilidad, las mujeres de la región han respaldado la institucionalidad democrática del continente con su ingreso a las arenas electorales e institucionales. Asimismo, han abogado por que el equilibrio o la paridad de género se expresen en el voto y en la voz, y promovido su incorporación democratizadora al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, las mujeres plantean su ingreso a las esferas de la formalidad democrática y a los espacios del poder efectivo. El reconocimiento del efecto positivo de las cuotas en el incremento de la participación, la evaluación de las experiencias realizadas y la consideración de los temas electorales, entre otros, los vinculados al financiamiento de los partidos y a la necesidad de desarrollar estrategias dirigidas a los poderes públicos y el mundo empresarial son áreas en las que las mujeres quieren potenciar su acción. Tal como se mencionó en el capítulo III, es posible pasar de las cuotas como mecanismo de acción positiva para superar una histórica exclusión de las mujeres en la región a una ampliación del concepto mismo de democracia, como la democracia paritaria, en la que el 50% de los cargos electivos serían ocupados por mujeres. En materia de desarrollo institucional, es necesario profundizar las iniciativas y estrategias de consolidación del rango institucional de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y de fortalecimiento de sus capacidades, junto con coordinar la cooperación de los organismos internacionales para dicho fin. La necesidad de marcos institucionales estables, la promoción del servicio civil profesional, y la eliminación de las prácticas asistenciales y las prebendas fueron temas recurrentes. Se recomendó fortalecer los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer mediante un aumento de los recursos financieros y humanos, una mayor autonomía y un mejor posicionamiento estratégico, a fin de que puedan cumplir sus mandatos con eficacia y eficiencia. Su estabilidad institucional y el estrechamiento de los vínculos con las organizaciones de mujeres siguen siendo temas prioritarios. Sobre este último punto, la principal lección de la década es que, a falta de compromiso político, las propias asociaciones y redes de mujeres han propiciado un cambio fundamental de las culturas institucional y política de la región.