La situación actual de la legislación a favor de los derechos de la
mujer, en América Latina y el Caribe
Esa brecha incide en la vida cotidiana de millones de
latinoamericanas y caribeñas, pues en la región «la pobreza tiene rostro
de mujer», como recordó Laura Chinchilla tras recibir una de las mayores
oportunidades provistas por su país, Costa Rica: la elección como
primera presidenta en su historia. Para reforzar la
importancia de promover leyes e instituciones a favor de la equidad
entre los géneros, las Naciones Unidas decidieron que este año el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, esté dedicado a la «Igualdad
de Derechos, Igualdad de Oportunidades: progreso para todos». Se trata,
entre otras cosas, de reflexionar sobre los soportes legales con que
cuentan las mujeres para su desarrollo. América Latina y
el Caribe fue «la primera región en la que todos los estados son parte
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)»,
recordó a TerraViva la venezolana Evangelina García Prince, ex
vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para el seguimiento de
ese instrumento, adoptado en diciembre de 1979. Según García Prince, en
el contexto regional «se han dado en los últimos 15 años algunos cambios
prometedores», aunque sean «insuficientes para solventar la vieja deuda
que los Estados mantienen con la igualdad de mujeres y hombres».
La aplicación de los nuevos textos «se dificulta con el entramado
económico, social, cultural y político de nuestras sociedades, la
escasez de recursos y la fragilidad de muchas instituciones que deben
aplicarlos», dijo a TerraViva Virginia Olivo, quien dirige la coalición
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. «Todos
los días nos preguntamos sobre la aplicación de las leyes, que no bajan
al hábitat de las mujeres. Las instituciones y el Estado no cumplen,
pero hay aliados, funcionarios comprometidos», observó a TerraViva
Carmen Morales, directora de Programas de la no gubernamental Sociedad
Mexicana Pro Derechos de la Mujer (Semillas). Para García
Prince, «la principal amenaza a la posibilidad de más y mejores
disposiciones legales, y que tengan factibilidad administrativa, está en
una cultura jurídica y político-administrativa fuertemente androcéntrica
y claramente reactiva a iniciativas que desafíen las relaciones
tradicionales de poder entre los géneros». Justamente, el
reforzamiento de la institucionalidad y las leyes fue una de las 12
prioridades que estableció hace 15 años la Plataforma de Acción de la
Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing. En
la nueva arquitectura legal latinoamericana se destaca, a favor de la
igualdad, que casi todas las constituciones nacionales reconocen los
tratados, pactos y convenciones internacionales o regionales que obligan
a adoptar los principios de igualdad y no discriminación, y los incluyen
en sus textos. Todos los países cuentan, además, con instituciones
dedicadas a promover la igualdad entre los géneros. También
«ha crecido el número de países que sancionan leyes de igualdad, de
igualdad de oportunidades y no discriminación, sobre la violencia contra
las mujeres, y hay interés en crear normas subnacionales o municipales»,
dijo García Prince. Nuevas constituciones no sólo recogen
esos principios, sino que su redacción subraya la equidad al visibilizar
los géneros de la población. Se describe a los venezolanos y
venezolanas, bolivianas y bolivianos, presidenta o presidente,
vicepresidente o vicepresidenta, ministras y ministros, diputados y
diputadas, fiscal o fiscala. Entre las más recientes, la
Constitución de República Dominicana consagra la igualdad ante la ley,
prohíbe cualquier acto que menoscabe las condiciones de igualdad de los
derechos de mujeres y hombres, y ordena promover «las medidas necesarias
para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación
de género». La nueva Constitución de Ecuador, al consagrar
la igualdad y prohibir toda discriminación, ordena al Estado «formular y
ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres»,
así como incorporar el enfoque de género en planes y programas, con
carácter obligatorio para el sector público. En Bolivia,
su nueva carta magna ordena para su gobierno la forma democrática,
participativa, representativa y comunitaria «con equivalencia de
condiciones entre hombres y mujeres», y además prohíbe y ordena
sancionar toda discriminación fundada, entre otras, en razones de sexo,
orientación sexual o identidad de género. En la Asamblea
Legislativa Plurinacional, el nuevo parlamento, 46 escaños son ocupados
por mujeres (28 por ciento) y, al recomponer su gabinete para su segundo
mandato el presidente izquierdista Evo Morales designó este año a 10
mujeres entre sus 20 ministros, en una paridad de género con un solo
precedente regional: el gobierno de la chilena Michelle Bachelet.
Ese empoderamiento debería aplicarse sobre el femenino rostro de la
pobreza en Bolivia, donde seis de cada 10 mujeres son pobres, ellas
solas dirigen 29 por ciento de hogares, su presencia en el mercado
laboral es de 40 por ciento y su remuneración, con iguales tareas, es
apenas 57 por ciento de la de los varones. Brechas
parecidas cruzan el continente, pues según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), en la región la pobreza es 1,15
veces más alta en mujeres que en hombres, y la diferencia es marcada en
Panamá (1,37 veces), Costa Rica (1,30), República Dominicana (1,25),
Chile (1,24) y Uruguay (1,21 veces). Según el mismo
organismo, en Brasil y México las profesionales perciben la mitad de los
salarios que sus colegas hombres, en Uruguay, Chile y Costa Rica la
distancia oscila entre 30 y 40 por ciento, y en la región, con 200
millones de pobres, hay 85 millones de mujeres que no disponen de
ingresos propios. Entre 1990 y 2008, Costa Rica,
Venezuela, Panamá, Honduras, Colombia, México, Uruguay, Perú y Nicaragua
promulgaron leyes de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres,
que identifican como discriminación la existencia de normas, ausencia de
ellas o situaciones fácticas que desmejoren la situación femenina.
Pero en su parte resolutiva las leyes remiten a planes y programas
que elaboren los distintos entes del Estado, aunque sin mandatos claros
sobre los soportes materiales para esos rosarios de buenas intenciones.
Allí es donde aparecen los obstáculos propios de la cultura política
que señala García Prince, en la forma de códigos penales, civiles,
laborales, de comercio o electorales, «francamente obsoletos o plagados
de disposiciones discriminatorias». «Podría citar el caso
de México, donde la legislación sobre la materia es abundante (cuatro
leyes tocan el tema) pero no la satisfacen las ejecutorias, como lo
demuestra la viva polémica que vive ese país en la materia de derechos
sexuales y reproductivos con las legislaciones en los diferentes estados
de la República», señaló García Prince. México «es un país
que invierte, y donde los esfuerzos gubernamentales por tener una
política definida están a la vista, pero aún son claramente
insuficientes para cumplir las garantías de su abundante legislación»,
agregó. La ley mexicana sobre el acceso a una vida libre
de violencia es seguida en 28 de sus 32 estados, pero ha sido
insuficiente para erradicar el feminicidio. En diciembre, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar
los derechos de tres jóvenes asesinadas en 2001 en la norteña Ciudad
Juárez. Un informe del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos elogió los avances legislativos como «iniciativas
estratégicas muy útiles para avanzar hacia la igualdad y la vigencia de
los derechos de las mujeres», pero a pesar de ello «la igualdad real es
todavía una tarea pendiente en todos los países». Más aún,
«los gobiernos les dan una importancia relativa, como lo demuestra el
poco peso que tienen los organismos de la mujer responsables de aplicar
esas leyes y su limitado presupuesto», y concluye que «ante el menor
descuido, es fácil que esas conquistas experimenten un retroceso o, como
mínimo, una inmovilización».