El plan económico de la dictadura del 76

La política económica iniciada en marzo de 1976 cambió profundamente las orientaciones con las que se desenvolvían hasta ese momento las actividades industriales. Basado en una filosofía de total confianza en los mecanismos asignadores de recursos del mercado y en el papel subsidiario del Estado, se estableció un programa de liberalización de los mercados y posterior apertura externa, que proponía la eliminación del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios; se procuraba así modernizar e incrementar la eficiencia de la economía. La vinculación con el exterior fue un aspecto central de estas políticas, que se instrumentaron a través de las distintas reformas arancelarias en cuanto a la apertura comercial, y las reformas financieras en relación a la liberalización al movimiento internacional de capitales. Esta última reforma también introdujo un cambio sustantivo en relación al financiamiento de las actividades industriales: se liberó del control oficial a la tasa de interés, que se caracterizó -sobre todo al final de la gestión del Ministro Martínez de Hoz- por sus altos valores reales positivos; al mismo tiempo, no se genera un mercado de capitales de largo plazo que atendiera a la inversión, sino uno de corto plazo caracterizado por su esencia especulativa y de redistribución regresiva de riquezas. En un esquema político fundado en el autoritarismo, se dictó un conjunto de leyes industriales inspiradas en concepciones liberales, sobre capital extranjero, tecnología, promoción industrial y exportaciones. La política económica desarrollada hasta 1981 tuvo entre sus objetivos permanentes la lucha contra la inflación e instrumentó distintas políticas que relegaban el proceso de acumulación de mediano plazo y la distribución más equitativa del ingreso. En relación a la política industrial, se puede señalar dos subperíodos que tienen su corte hacia fines de 1978. El primero de ellos, se caracteriza por la recuperación de la producción de bienes de consumo durable y de capital, asociados a la creciente inversión y la redistribución regresiva de los ingresos. En este período de «sinceramiento» de la economía, se comienza con la reducción de los aranceles de importación. A pesar de su fuerte baja -en promedio descienden 40 puntos, del 90 al 50% en estos tres primeros años no aumenta significativamente la competencia externa. Los altos niveles de redundancia de la tarifa se explican en gran parte por los cambios ya mencionados en el sector industrial durante la última década. Por otro lado, la sanción el 1977 de la reforma financiera, libera la tasa de interés y crea un mecanismo totalmente distinto para la asignación de los créditos. La segunda etapa se inicia hacia fines de 1978 y se instrumenta la versión moderna de la escuela monetarista (enfoque monetario del balance de pagos). La aplicación de esta política tenía como objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la externa, ajustándose esta última a la tasa de devaluación del tipo de cambio. Este último se determinaba con un cronograma que fijaba un ritmo de devaluación continuamente decreciente en el tiempo, en un contexto de creciente apertura de la economía al exterior (tanto en el mercado de capital como en el de bienes); ello suponía la convergencia de las tasas de interés y de inflación internas con las internacionales. En este esquema de política monetaria pasiva, se suponía un período de transición determinado por la distinta velocidad de ajuste de los precios de los productos según se comercien o no en el mercado internacional. Una vez lograda la convergencia se establecía un nuevo esquema de precios relativos de la economía, en el que la asignación de recursos favorecería el incremento de la productividad global, desaparecerían los actores menos eficientes y se desarrollarían las actividades con ventajas comparativas a escala internacional. Sin embargo, la "convergencia" no se logró en los bienes transables con el exterior el ajuste fue lento e imperfecto, mientras que en los bienes no transables los mecanismos previstos no tuvieron los efectos esperados. La evolución de la tasa de interés interna fue altamente afectada por una creciente sobretasa motivada por la incertidumbre y los elevados costos de la intermediación financiera. La sobrevaloración del peso afectó fuertemente la balanza comercial y permitió la entrada masiva de productos importados. A su vez, la entrada de capitales externos compensaba el déficit de la cuenta corriente, con un incremento significativo del endeudamiento con el exterior. Estos movimientos -que afectaban seriamente el balance de pagos- preanunciaban una devaluación del tipo de cambio, en un mercado de capitales de muy alta liquidez, atento el muy corto plazo de colocación de los depósitos; a ello se sumaba un clima de cambio de autoridades políticas y económicas, en consecuencia las primas de riesgo por la colocación de capitales externo se elevaron considerablemente, con el consiguiente aumento de las tasas de interés. En este contexto, el sector industrial sufrió la crisis más profunda de su historia por la superposición de varios factores negativos. Entre ellos sobresale la reducción de los mercados, por los bajos niveles de demanda de productos industriales locales, tanto interna por la competencia de productos importados, como externa por el fuerte atraso del tipo de cambio; a su vez las altas tasas de interés real que superaban largamente toda posibilidad de rentabilidad productiva y cuyo constante crecimiento llevó a las empresas a niveles de endeudamiento que solía superar el valor de sus activos. Esta crisis en el sector real arrastró a varias instituciones financieras de primera línea, debido al aumento del grado de incobrabilidad de muchos deudores. Además, se acrecentó la toma de posiciones en activos externos por parte del público. Este período de política económica se cerró con una profunda crisis de los sectores productivos, un fuerte atraso cambiario, un elevadísimo nivel de endeudamiento de las empresas, tasas de interés altamente positivas, un alto deterioro de las cuentas externas que incluye un endeudamiento externo sin precedentes, un ritmo inflacionario persistente y las expectativas centradas en un cambio de política económica que incluyera una devaluación del tipo de cambio. Con el cambio de gobierno de marzo de 1981 se inicia un proceso caracterizado por la adopción de medidas de corto plazo tendientes a solucionar los problemas más urgentes de los sectores productivos. No obstante, también en este período continúa el estancamiento del sector industrial, en un contexto de permanentes devaluaciones de la moneda y persistencia de tasas de intereses positivas. Los empresarios centran sus reclamos en la necesidad de solucionar sus críticos problemas de endeudamiento. Hacia mediados de 1982 se establece un sistema de financiamiento de mediano plazo de las firmas basado en tasas de intereses reguladas, que asociada al creciente ritmo inflacionario provocó una verdadera "licuación de los pasivos" de las firmas. La revalorización del tipo de cambio y las restricciones a las importaciones resultantes del abultado endeudamiento externo, cuyos pagos de intereses supera toda previsión optimista del saldo de la balanza comercial, generaron nuevamente condiciones de protección al sector industrial. El coeficiente de importaciones de la economía argentina volvió a los niveles anteriores a la política de apertura. Los efectos de esta política iniciada en 1976 han concluido en lo que se denomina la «desindustrialización» de la economía argentina. Algunos indicadores son suficientes para medir la profundidad de este fenómeno entre 1975 y 1982: el producto industrial cayó en un más del 20%, ubicándose a niveles similares a los de quince años atrás; la ocupación industrial redujo en un 35% su personal de producción, expulsando en total alrededor de 400.000 personas; la participación de la industria en el producto bruto interno disminuyó del 28 al 22%, asociado a una mayor terciarización de .la economía con menores niveles de productividad; cerraron alrededor del 20% de los establecimientos fabriles de mayor tamaño; se produjo un incremento considerable de la productividad de la mano de obra, pero más asociado a la «racionalización» de su uso que a un cambio tecnológico; el nivel de inversión en equipo durable de producción disminuyó en los últimos cinco anos a una tasa superior al 5% anual; la participación de los asalariados en los ingresos cayó del 49% en 1975 al 32,5% en 1982.