El plan económico de la dictadura del 76
La política económica iniciada en marzo de 1976 cambió profundamente
las orientaciones con las que se desenvolvían hasta ese momento las
actividades industriales. Basado en una filosofía de total confianza en
los mecanismos asignadores de recursos del mercado y en el papel
subsidiario del Estado, se estableció un programa de liberalización de
los mercados y posterior apertura externa, que proponía la eliminación
del conjunto de regulaciones, subsidios y privilegios; se procuraba así
modernizar e incrementar la eficiencia de la economía. La
vinculación con el exterior fue un aspecto central de estas políticas,
que se instrumentaron a través de las distintas reformas arancelarias en
cuanto a la apertura comercial, y las reformas financieras en relación a
la liberalización al movimiento internacional de capitales. Esta última
reforma también introdujo un cambio sustantivo en relación al
financiamiento de las actividades industriales: se liberó del control
oficial a la tasa de interés, que se caracterizó -sobre todo al final de
la gestión del Ministro Martínez de Hoz- por sus altos valores reales
positivos; al mismo tiempo, no se genera un mercado de capitales de
largo plazo que atendiera a la inversión, sino uno de corto plazo
caracterizado por su esencia especulativa y de redistribución regresiva
de riquezas. En un esquema político fundado en el
autoritarismo, se dictó un conjunto de leyes industriales inspiradas en
concepciones liberales, sobre capital extranjero, tecnología, promoción
industrial y exportaciones. La política económica desarrollada hasta
1981 tuvo entre sus objetivos permanentes la lucha contra la inflación e
instrumentó distintas políticas que relegaban el proceso de acumulación
de mediano plazo y la distribución más equitativa del ingreso. En
relación a la política industrial, se puede señalar dos subperíodos que
tienen su corte hacia fines de 1978. El primero de ellos,
se caracteriza por la recuperación de la producción de bienes de consumo
durable y de capital, asociados a la creciente inversión y la
redistribución regresiva de los ingresos. En este período de
«sinceramiento» de la economía, se comienza con la reducción de los
aranceles de importación. A pesar de su fuerte baja -en promedio
descienden 40 puntos, del 90 al 50% en estos tres primeros años no
aumenta significativamente la competencia externa. Los altos niveles de
redundancia de la tarifa se explican en gran parte por los cambios ya
mencionados en el sector industrial durante la última década. Por otro
lado, la sanción el 1977 de la reforma financiera, libera la tasa de
interés y crea un mecanismo totalmente distinto para la asignación de
los créditos. La segunda etapa se inicia hacia fines de
1978 y se instrumenta la versión moderna de la escuela monetarista
(enfoque monetario del balance de pagos). La aplicación de esta política
tenía como objetivo igualar la tasa inflacionaria interna con la
externa, ajustándose esta última a la tasa de devaluación del tipo de
cambio. Este último se determinaba con un cronograma que fijaba un ritmo
de devaluación continuamente decreciente en el tiempo, en un contexto de
creciente apertura de la economía al exterior (tanto en el mercado de
capital como en el de bienes); ello suponía la convergencia de las tasas
de interés y de inflación internas con las internacionales. En este
esquema de política monetaria pasiva, se suponía un período de
transición determinado por la distinta velocidad de ajuste de los
precios de los productos según se comercien o no en el mercado
internacional. Una vez lograda la convergencia se establecía un nuevo
esquema de precios relativos de la economía, en el que la asignación de
recursos favorecería el incremento de la productividad global,
desaparecerían los actores menos eficientes y se desarrollarían las
actividades con ventajas comparativas a escala internacional. Sin
embargo, la "convergencia" no se logró en los bienes transables con el
exterior el ajuste fue lento e imperfecto, mientras que en los bienes no
transables los mecanismos previstos no tuvieron los efectos esperados.
La evolución de la tasa de interés interna fue altamente afectada por
una creciente sobretasa motivada por la incertidumbre y los elevados
costos de la intermediación financiera. La sobrevaloración
del peso afectó fuertemente la balanza comercial y permitió la entrada
masiva de productos importados. A su vez, la entrada de capitales
externos compensaba el déficit de la cuenta corriente, con un incremento
significativo del endeudamiento con el exterior. Estos movimientos -que
afectaban seriamente el balance de pagos- preanunciaban una devaluación
del tipo de cambio, en un mercado de capitales de muy alta liquidez,
atento el muy corto plazo de colocación de los depósitos; a ello se
sumaba un clima de cambio de autoridades políticas y económicas, en
consecuencia las primas de riesgo por la colocación de capitales externo
se elevaron considerablemente, con el consiguiente aumento de las tasas
de interés. En este contexto, el sector industrial sufrió la crisis más
profunda de su historia por la superposición de varios factores
negativos. Entre ellos sobresale la reducción de los mercados, por los
bajos niveles de demanda de productos industriales locales, tanto
interna por la competencia de productos importados, como externa por el
fuerte atraso del tipo de cambio; a su vez las altas tasas de interés
real que superaban largamente toda posibilidad de rentabilidad
productiva y cuyo constante crecimiento llevó a las empresas a niveles
de endeudamiento que solía superar el valor de sus activos. Esta
crisis en el sector real arrastró a varias instituciones financieras de
primera línea, debido al aumento del grado de incobrabilidad de muchos
deudores. Además, se acrecentó la toma de posiciones en activos externos
por parte del público. Este período de política económica
se cerró con una profunda crisis de los sectores productivos, un fuerte
atraso cambiario, un elevadísimo nivel de endeudamiento de las empresas,
tasas de interés altamente positivas, un alto deterioro de las cuentas
externas que incluye un endeudamiento externo sin precedentes, un ritmo
inflacionario persistente y las expectativas centradas en un cambio de
política económica que incluyera una devaluación del tipo de cambio.
Con el cambio de gobierno de marzo de 1981 se inicia un proceso
caracterizado por la adopción de medidas de corto plazo tendientes a
solucionar los problemas más urgentes de los sectores productivos. No
obstante, también en este período continúa el estancamiento del sector
industrial, en un contexto de permanentes devaluaciones de la moneda y
persistencia de tasas de intereses positivas. Los empresarios centran
sus reclamos en la necesidad de solucionar sus críticos problemas de
endeudamiento. Hacia mediados de 1982 se establece un sistema de
financiamiento de mediano plazo de las firmas basado en tasas de
intereses reguladas, que asociada al creciente ritmo inflacionario
provocó una verdadera "licuación de los pasivos" de las firmas. La
revalorización del tipo de cambio y las restricciones a las
importaciones resultantes del abultado endeudamiento externo, cuyos
pagos de intereses supera toda previsión optimista del saldo de la
balanza comercial, generaron nuevamente condiciones de protección al
sector industrial. El coeficiente de importaciones de la economía
argentina volvió a los niveles anteriores a la política de apertura.
Los efectos de esta política iniciada en 1976 han concluido en lo
que se denomina la «desindustrialización» de la economía argentina.
Algunos indicadores son suficientes para medir la profundidad de este
fenómeno entre 1975 y 1982: el producto industrial cayó en un más del
20%, ubicándose a niveles similares a los de quince años atrás; la
ocupación industrial redujo en un 35% su personal de producción,
expulsando en total alrededor de 400.000 personas; la participación de
la industria en el producto bruto interno disminuyó del 28 al 22%,
asociado a una mayor terciarización de .la economía con menores niveles
de productividad; cerraron alrededor del 20% de los establecimientos
fabriles de mayor tamaño; se produjo un incremento considerable de la
productividad de la mano de obra, pero más asociado a la
«racionalización» de su uso que a un cambio tecnológico; el nivel de
inversión en equipo durable de producción disminuyó en los últimos cinco
anos a una tasa superior al 5% anual; la participación de los
asalariados en los ingresos cayó del 49% en 1975 al 32,5% en 1982.