Desde 1810 estallaron en distintas ciudades de Hispanoamérica varias revoluciones contra el poder español. En un trabajo clásico sobre el tema, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, el historiador inglés John Lynch señala que la causa fundamental de estos procesos revolucionarios debe rastrearse en las reformas borbónicas, que modificaron el sistema comercial y la organización política de la América española. Para Lynch, antes de dichas reformas las colonias eran en la práctica independientes, pues España no contaba con recursos para controlarlas. Las reformas intentaron revertir esa situación y hacer más sólido el lazo colonial, lo cual perjudicó enormemente a los criollos y los llevó a plantearse la necesidad de la independencia.
Otros historiadores proponen una explicación diferente. Tulio Halperin Donghi, en Historia contemporánea de América latina, considera que para entender las causas de las revoluciones hispanoamericanas es fundamental tener en cuenta acontecimientos del contexto internacional, especialmente el europeo. Dicho contexto está marcado por las guerras napoleónicas y por los sucesos que tuvieron lugar en España entre 1808 y 1815.
Durante los últimos años del siglo XVIII, España modificó varias veces sus alianzas con otros países europeos. En 1792, junto con otras monarquías de Europa, le declaró la guerra a Francia, como reacción ante la ejecución del monarca Luis XVI. Sin embargo, pocos años después, en 1795, España firmó con los franceses la Paz de Basilea. Como consecuencia de esto, ambos países quedaron aliados y enfrentados con Inglaterra.
La rivalidad militar de España e Inglaterra se combinaba con la económica. Inglaterra estaba en pleno proceso de revolución industrial y las colonias españolas en América eran un mercado deseado por los comerciantes ingleses. La guerra con Inglaterra separó a España de sus colonias, ya que dejó a los españoles sin recursos económicos para protegerlas militarmente y para abastecerlas de mercancías. Asimismo, los conflictos bélicos en los que España se vio involucrada agudizaron la grave crisis económica que este país atravesaba desde mucho tiempo atrás.
En el marco del enfrentamiento con Inglaterra, el emperador francés, Napoleón Bonaparte, decretó un bloqueo continental: una zona de vigilancia para que los británicos no pudieran comerciar con otros países del continente europeo. Para aislar totalmente a Inglaterra, Napoleón necesitaba conquistar Portugal, único apoyo que les quedaba en Europa a los barcos comerciales ingleses. Para llegar a Portugal, Napoleón solicitó permiso a las autoridades españolas, sus aliadas, para atravesar el territorio.
El permiso fue concedido por Manuel Godoy, ministro del rey Carlos IV. Godoy era una figura odiada por muchos sectores de la población española. Consideraban que la lucha contra Inglaterra, que había sido impulsada por Godoy, había causado la crisis económica y que el ministro estaba preparando, en realidad, una entrega de España a Francia para lograr beneficios personales. Al difundirse la noticia de que Godoy había aceptado la propuesta de Napoleón, el ministro apareció ante la opinión pública como un traidor y comenzó a organizarse un movimiento en su contra, encabezado por el hijo del rey, Fernando, que era muy querido por el pueblo.
En marzo de 1808, los opositores llevaron a cabo un levantamiento denominado Motín de Aranjuez. Como consecuencia, Godoy fue destituido y Carlos IV abdicó a favor de su hijo. Fernando ocupó así el trono de España como Fernando VII.
Pocos días después, cuando los franceses ingresaron en España con destino a Portugal, no
aceptaron a Fernando VII. El rey y la familia real se trasladaron a la ciudad de Bayona -en la frontera entre
España y Francia- para reunirse con Napoleón y lograr su reconocimiento. En el encuentro de Bayona,
Napoleón hizo públicos sus objetivos con respecto a España: consideraba a los Borbones como una
dinastía corrupta y quería poner en el trono a un miembro de su propia familia. Sin ofrecer
resistencia, Fernando VII firmó su renuncia incondicional a la Corona española, y su padre, Carlos IV,
la transfirió a Napoleón, quien nombró rey de España a su hermano José.
España quedó así en manos de los franceses.
El 2 de mayo de 1808 hubo una gran agitación en las calles de la ciudad. El pueblo de Madrid se levantó
contra las tropas francesas y fue brutalmente reprimido por éstas. Los levantamientos se extendieron en el
interior del territorio español, en las zonas donde el dominio francés era más débil. En
muchos pueblos y ciudades se formaron juntas de gobierno, que fueron llamadas por muchos historiadores "juntas
revolucionarias". Los movimientos populares tomaron a Fernando VII como símbolo de su lucha.
Las juntas legitimaban su poder en la idea denominada "retroversión de la soberanía a los pueblos en ausencia del monarca". Esta idea se basaba en la teoría de que los pueblos son los únicos depositarios de la soberanía y que la delegan en los monarcas. Entonces, en la España de 1808, ante la ausencia del monarca, la soberanía volvía al pueblo y éste la delegaba en las juntas locales y provinciales.
En septiembre de 1808 se formó la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino que gobernó en nombre de Fernando VII como depositaria de la soberanía que las distintas juntas le habían delegado. El objetivo de la junta era unificar la lucha contra los franceses.
La labor de la Junta Central fue difícil. Aunque había algunos acuerdos básicos entre sus integrantes -como por ejemplo, la retroversión de la soberanía- también existían ideas muy diferentes respecto del futuro de España y de la monarquía representadas en tres grupos.
Uniformes de soldados españoles que participaron en la lucha contra los franceses.
Además, la guerra no marchaba bien: los ejércitos españoles sufrían sucesivas derrotas. En busca de una solución, la Junta Central estableció una alianza con los británicos. Inglaterra se comprometió a auxiliar a los españoles y a no reconocer otro rey para España que Fernando VII y sus legítimos herederos, o al sucesor que la nación española designara. A cambio, Inglaterra ofrecía ayuda militar para vencer a los franceses.
No obstante, las autoridades españolas eran conscientes de que los británicos ambicionaban las colonias hispanoamericanas.
Ante el temor de que los sucesos de España pudieran repercutir negativamente en América, la Junta Central decretó que los territorios americanos dejaban de ser colonias y pasaban a convertirse en parte integrante de la monarquía española y que sus habitantes debían tener iguales derechos que los de la península.
A pesar de estas medidas, la gestión de la Junta no fue exitosa y fue reemplazada por otro organismo de gobierno, el Consejo de Regencia .
Antes de caer, la Junta convocó la reunión de Cortes generales y extraordinarias , una asamblea en la que estaban representados distintos sectores de la población. Hubo grandes debates sobre la forma en que debía realizarse la convocatoria, es decir, sobre qué sectores debían estar representados y en qué medida. Un grupo -los absolutistas ilustrados- quería convocar las Cortes por estamentos (clero, nobleza y ciudades con voto en Cortes); otro -los constitucionalistas históricos- apuntaba a seguir el modelo británico, es decir, la formación de dos cámaras (una para la nobleza y el clero, y otra para las ciudades); y un tercer grupo -los liberales- seguía el modelo francés de 1791: proponía una convocatoria basada en la cantidad de población y no en los estamentos.
Finalmente, los diputados a Cortes fueron elegidos siguiendo el criterio propuesto por los liberales. Sin embargo, este principio sólo se aplicó en los territorios peninsulares. En América los cabildos seguían eligiendo a los delegados sin tener en cuenta la cantidad de población. Esto desató conflictos, y en 1810 las juntas que se habían formado en Caracas y en Buenos Aires desconocieron la legitimidad de las Cortes.
En 1812 las Cortes, reunidas en Cádiz, sancionaron una constitución, conocida como Constitución de Cádiz, o Constitución de 1812 . En ella aparecían como principios básicos muchas ideas de la Constitución francesa de 1791: la igualdad; la centralización del poder; la propiedad individual; el fomento de la agricultura y el comercio; el desarrollo de un plan nacional de educación, la división de poderes, etc. La Constitución de 1812 abolió la Inquisición, pero -a diferencia de la francesa- no quitó a la Iglesia su poder de censura sobre distintos tipos de publicaciones. Esta Constitución fue derogada en 1814 cuando Fernando VII volvió a ocupar el trono español.
Condecoraciones entregadas a los combatientes durante la guerra de la independencia española. Se observa en una de ellas la figura de Fernando VII, símbolo de la lucha española.
La invasión de los franceses abrió en España un importante debate sobre la modernización de la monarquía entre los más conservadores, los que seguían el modelo inglés y los liberales. La convocatoria que se utilizó para las Cortes y el contenido de la Constitución de 1812 ponen en evidencia que en este debate triunfaron los sectores liberales hasta el regreso de Fernando VII.
Como defendía el modelo de la Revolución Francesa, el discurso de los liberales tenía algunos puntos débiles. Por una parte, Napoleón, el heredero de la Revolución, se había convertido en el enemigo de España y de Europa en general. Por otra parte, estaban muy frescos los recuerdos del período jacobino, que había conducido al terror a la sociedad francesa. Así, los liberales españoles tenían que ser muy cautos ya que sus enemigos los acusaban de ser proclives a una forma política que venía del mismo país contra el cual estaban en guerra y, fundamentalmente, de que el modelo de 1791 que los liberales defendían había conducido primero al terror jacobino y luego a la formación del imperio de Napoleón.
La similitud entre el accionar de los españoles en la península y el de los criollos en las colonias a partir de 1808 permite vincular los acontecimientos como parte del mismo proceso. En los dos casos se formaron juntas legitimadas en el principio de retroversión de la soberanía a los pueblos ante la ausencia del monarca.
En el Río de la Plata, la revolución que estalló en mayo de 1810 reconoció a Fernando VII como rey de España. La Junta de gobierno formada en Buenos Aires se estableció como un gobierno provisional que recibía el poder del pueblo hasta la vuelta de Fernando VII. El principal reclamo que aparecía en las primeras proclamas de la Junta de Buenos Aires era que los territorios americanos no habían sido consultados para la formación del Consejo de Regencia. El planteo de los dirigentes de la revolución era que los territorios americanos poseían iguales derechos que los peninsulares para formar sus juntas de gobierno, sobre todo ante la incertidumbre que se vivía en España por los fracasos militares.
En 1757 el trono español fue ocupado por Carlos III, de la dinastía de los Borbones, quien puso en marcha -tanto en la península ibérica como en las colonias americanas- una serie de reformas. En las colonias americanas uno de los objetivos de las reformas era fomentar la economía colonial para que fuera más lucrativa para España. Por ello se estableció el libre comercio entre la metrópoli y las colonias, lo que significó la apertura de nuevos puertos. Esto no implicaba abandonar el monopolio comercial, es decir, la prohibición de que las colonias comerciaran con otros países, sino promover el desarrollo de la agricultura y la ganadería en América. Los Borbones intentaban obtener materias primas para afianzar la economía española.
Asimismo, para fortalecer el vínculo colonial se crearon dos nuevos virreinatos (Río de la Plata y Nueva Granada) y se utilizó el régimen de intendencias para la división de los virreinatos. Los nuevos funcionarios eran nombrados directamente por la Corona, con lo cual se buscaba asegurar una mayor lealtad de los mismos.
El objetivo de Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, era formar un gran imperio, llevando a los territorios europeos los principios revolucionarios de 1789. Francia inició entonces una guerra contra las monarquías de Europa incluida Inglaterra.
El ejército francés llegó a dominar gran parte del continente europeo. A partir de 1807, Europa se dividía en Estados ocupados por las tropas francesas y Estados aliados al Emperador. Hasta 1813, sólo el pueblo español, que luchaba contra las tropas francesas con el apoyo de los ejércitos ingleses y de sectores del pueblo alemán, impidió a Napoleón el total dominio de esos territorios.
La catástrofe del ejército napoleónico en su intento de invadir Rusia impulsó a los pueblos continentales a iniciar la resistencia ante los franceses. Así se fue armando la coalición de Prusia, Austria, Rusia e Inglaterra, cuyos ejércitos derrotaron al emperador francés en la batalla de Leipzig, en 1813. La consecuencia de esta batalla fue el derrumbe del sistema napoleónico. Finalmente, en 1814 las tropas de los países que resistían a Napoleón invadieron Francia y lo tomaron prisionero.
Cuando Fernando VII salió de Madrid hacia Bayona para entrevistarse con Napoleón, dejó constituida una junta de gobierno. Joaquín Murat, jefe de los ejércitos franceses en España, se puso al frente de dicha junta y obligó al resto de la familia real, que aún permanecía en Madrid, a trasladarse a Bayona. Al verse abandonados en manos de los franceses, el 2 de mayo los madrileños iniciaron un levantamiento popular que contó con el apoyo de varios jefes militares españoles. Murat reprimió duramente el levantamiento durante dos días y lo dominó. Otros levantamientos se extendieron por toda España.
La Junta Central estaba integrada por dos representantes de cada provincia española, más dos por Madrid, en calidad de capital del reino. Con el tiempo se incorporaron nueve por América. Los representantes de las provincias españolas en la Junta Central eran elegidos por las juntas provinciales; los americanos, por los cabildos.
En historia y en ciencias políticas se conoce con este nombre a la forma de organización que adoptó el gobierno británico como consecuencia de la Revolución de 1688. En este gobierno, la soberanía estaba compartida entre el rey (que tenía en sus manos el poder ejecutivo) y el Parlamento, que se ocupaba del poder legislativo, dividido en dos cámaras: la de la nobleza y la de los comunes. A su vez, el rey debía jurar una Declaración de derechos que implicaba la aprobación de impuestos por parte del Parlamento, la libertad de imprenta, la inamovilidad de los jueces y la creación de un ejército no permanente.
Fue el fruto de la Asamblea Constituyente organizada por el Tercer Estado, después de que los miembros de la Asamblea fueran expulsados de los Estados Generales por Luis XVI. Durante las sesiones de la Asamblea Constituyente se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se sancionó una constitución. En esa constitución se estableció la división de poderes. De esta manera, el poder del rey quedaba absolutamente debilitado, ya que se establecía que la soberanía residía en el pueblo y que éste gobernaba por medio de sus representantes.
Cuando en octubre de 1809 los franceses invadieron Andalucía, la Junta Central tuvo que trasladarse a Cádiz. Los integrantes de este organismo político, que se encontraba muy debilitado, decidieron disolverlo y encomendar el gobierno a un Consejo de Regencia compuesto por cinco miembros. Este nuevo organismo estaba basado en una antigua fórmula utilizada ante la ausencia del monarca, pero en este caso su objetivo fundamental era llevar adelante la convocatoria a las Cortes generales y extraordinarias.
Como los Estados Generales en Francia, las Cortes españolas eran la institución en la que estaban representados los diferentes estamentos de la sociedad española durante el período absolutista: la nobleza, el clero y algunas ciudades.
Fue la Constitución sancionada por las Cortes generales y extraordinarias españolas. En este texto aparecieron como principios básicos muchas ideas de la Constitución francesa de 1791, como la igualdad de los individuos, la centralización del poder, la propiedad individual, la soberanía de la nación, el sistema representativo y la división de poderes. La Constitución española contemplaba además un plan nacional de educación y establecía que el poder ejecutivo estaba en manos del rey, el legislativo en manos de las Cortes que se conformaban en una sola Cámara, y el judicial se ejercía por medio de tribunales electos. Pero, a diferencia de lo que dictaminaba la Constitución francesa de 1791, la Iglesia no perdía poder, ya que se establecía que la religión católica era la religión oficial del Estado español. Esta constitución fue abolida en 1814 cuando Fernando VII retomó el trono.